La moción instrumental

La sucesión incesante de informaciones sobre presunta corrupción alrededor del PSOE está teniendo ya un efecto en los aliados parlamentarios de Pedro Sánchez. Los nervios empiezan a aflorar en algunos, aunque de momento no hay señales de un posible cambio de bando.

En Sumar cundía ayer el desconcierto. Nadie se esperaba que el juez Pedraz, que no es considerado por la izquierda sospechoso de afinidades políticas conservadoras, ordenase a la Guardia Civil entrar en la sede del PSOE para buscar pruebas de si el partido pagó a personajes como la ex militante Leire Díez para frenar investigaciones policiales y judiciales sobre los socialistas.

Con todo, el flanco más delicado es, sin duda, el del PNV. Después de la imputación de José Luis Rodríguez Zapatero, los nacionalistas vascos hicieron llegar al Gobierno su intención de marcar ciertas distancias para minimizar daños colaterales. De ahí que su máximo responsable, Aitor Esteban, hiciera unas declaraciones en las que consideraba “irresponsable” que Sánchez siguiera con la legislatura “más allá de 2026”. Ante las interpretaciones sobre una inminente ruptura, el propio Esteban salió horas después a dejar claro que su intención no es apoyar una moción de censura del PP. Por su parte, Junts tampoco se ha abonado a una operación de ese tipo. Miriam Nogueras ha sido muy crítica con Sánchez, pero se ha limitado a recordar que ya pidieron una cuestión de confianza hace un año. Lo cierto es que ni unos ni otros están en disposición de dar ese salto.

En los contactos que periódicamente tienen los dirigentes de Junts y del PNV no se ha discutido en serio sobre la posibilidad de una censura, ni siquiera instrumental, es decir, no para votar directamente a Alberto Núñez Feijóo como presidente del Gobierno, sino para convocar las generales. De hecho, puede parecer una idea sencilla con la que convencer a los nacionalistas, pero aterrizarla en la realidad es complejo. Para que la moción prosperase, habría que votar un candidato a presidente, aunque fuera con el compromiso de permanecer de forma provisional el tiempo mínimo para convocar las elecciones. Sería poco probable que el PP permitiera que otra persona que no fuera su líder se sometiera a la votación del Congreso como presidente. No solo porque sería un paso atrás de Feijóo que no haría más que debilitar su liderazgo, sino también porque, por poco que estuviera en ese puesto, estamos hablando de algunos meses con un presidente interino cuando podría pasar cualquier cosa teniendo en cuenta la inestable situación doméstica y aún más la internacional.

La actual dirección del PP ha generado anticuerpos en el PNV difíciles de revertir

Es más, incluso aunque el PNV y Junts aceptaran que fuera Feijóo el presidente con el compromiso escrito de convocar enseguida las elecciones y éstas tuvieran lugar en la fecha acordada, nadie garantiza que el resultado permitiera formar gobierno de forma rápida. Baste recordar los casi 11 meses que pasó Mariano Rajoy como presidente en funciones mientras se negociaba y se cumplían los plazos para una repetición electoral. Tanto el PNV como Junts son conscientes de que esa vía podría comportarles más problemas que otra cosa. Para ambos partidos, apoyar a Sánchez supone un desgaste, pero votar a Feijóo como presidente, aún más.

La actual dirección del PP también ha generado anticuerpos entre los nacionalistas vascos y las relaciones no son buenas. La entrada en la ecuación de Vox no contribuye a facilitar la colaboración con el PNV, aunque en el País Vasco la extrema derecha no preocupa tanto al partido de Esteban como a Junts. Para los de Carles Puigdemont, facilitar de alguna forma la llegada de Vox al Gobierno sería muy difícil de explicar en Catalunya. Al mismo tiempo, el PNV gobierna en prácticamente todas las instituciones, desde el Gobierno vasco, pasando por las tres diputaciones forales y los ayuntamientos de Bilbao y San Sebastián. Es un acuerdo de amplio espectro que hasta ahora ha estado funcionando sin grandes conflictos. Bildu está al acecho y los socialistas pueden amagar con cambiar de alianza, aunque también es cierto que para un sector de los votantes del PSE todavía sería un trauma un pacto con la izquierda abertzale.

Por tanto, no parece que al PNV le convenga una ruptura con Sánchez, aunque eso no impide que cunda la inquietud por el desgaste que supone mantenerse junta a Sánchez en este momento, incluso aunque fructifiquen acuerdos bilaterales en traspasos o inversiones, ya que quedan opacados por el ruido sobre la corrupción. El calendario judicial para el PSOE es un calvario: juicio al hermano del presidente, posible juicio a su mujer, el caso de Zapatero, los de Ábalos-Koldo-Cerdán y la causa sobre los torpes manejos de Leire Díez para torpedear investigaciones. Los aliados del Gobierno han puesto como línea roja que surja algún indicio de financiación irregular, algo que de momento no ha ocurrido, aunque hay una causa abierta bajo secreto de sumario sobre ese asunto. La cuestión es que tantos frentes provocan que sea muy difícil discernir el alcance de cada una de las actuaciones, hasta dónde llegan las conjeturas y hasta dónde las pruebas, puesto que la mayoría de los casos están en plena instrucción y cada paso que ordena un juez se convierte en noticia.

Junts hace tiempo que mantiene la distancia con el Gobierno, pero su prioridad es conseguir que se aplique de una vez por todas la amnistía para que pueda regresar Carles Puigdemont. En el Tribunal Constitucional aguardan a que se pronuncie el Tribunal de Justicia de la UE (TJUE) sobre si se puede incluir en esa ley determinados casos de malversación como el que afecta a los dirigentes del procés. Ese pronunciamiento se espera para julio, aunque no sería la primera vez que se frustran esas expectativas y se produce un nuevo retraso. No es que el Gobierno espere un cambio de actitud de Junts hacia su agenda legislativa en caso de que Puigdemont pueda volver en breve, pero también es cierto que ese partido tiene difícil justificar en Catalunya un voto a Feijóo en una moción de censura por las posiciones de este PP en materias como la lengua o la propia ley de amnistía. 

El PP sabe todo eso, pero igualmente insiste en presionar a los aliados de Sánchez, a los que presenta como cómplices de la corrupción. No es que confíe en convencerlos, sino que espera aprovechar su eventual desgaste para ganar terreno en Catalunya y el País Vasco a costa de formaciones conservadoras como Junts y el PNV. Sin embargo, el gran problema para Feijóo sigue siendo la cuestión territorial, que ya fue determinante en su día para que la entonces Convergència accediera a votar al líder del PSOE como presidente en la moción de censura de 2018. Los mensajes que ha enviado Feijóo en ese aspecto a los nacionalistas e independentistas vascos y catalanes desde que está al frente del partido dificultan un entendimiento que se torna prácticamente inviable de la mano de Vox. Por eso, Sánchez cuenta con aguantar hasta encontrar un mejor escenario para convocar las elecciones.