El jurista Joan Ridao pone de nuevo el foco en los grupos de presión y su capacidad de influir en la toma de decisiones de políticas públicas, un asunto ahora de actualidad en el contexto de la investigación judicial al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero y su actividad de lobby.
El caso Sloane. Una lobby story ( Tirant Lo Blanch) parte de la película El caso Sloane y sigue las maniobras de una lobbista de ficción que busca apoyos en el Senado de Estados Unidos a favor de una ley que quiere poner límite a la proliferación de armas. Con este punto de partida, el autor, letrado del Parlament y profesor de derecho constitucional de la Universitat de Barcelona, retrata el sistema político americano y el intrincado mundo de los lobbies, un elemento diferencial del modelo anglosajón.
El sistema político de Estados Unidos tiene contrapesos, que están frenando a Trump, señala Ridao
Ridao indica que, a diferencia del caso español, los electos en Estados Unidos se deben en exclusiva al territorio que les vota. No hay listas de partido, sino que los escaños se ganan de forma individual. Cada candidato hace su campaña y recibe donaciones de dinero sin límite. En España, en cambio, la financiación de los partidos es básicamente pública: las empresas no pueden donar y los particulares tienen un tope de 50.000 euros al año.
Y si en las campañas de Estados Unidos el dinero fluye, no es de forma altruista. Ante un proyecto legislativo, los lobbistas ayudan a conseguir votos para frenar o sacar adelante las medidas. Hay muchas probabilidades de que los electos voten luego en función de intereses de ciertas causas... las de sus donantes.
Pese a todo, Ridao apunta que el sistema político de Estados Unidos tiene elementos de corrección. En la película, la protagonista acaba declarando ante un comité del Senado por vulnerar el código ético de esa cámara en su función de lobbista. Y hay un equilibrio de poderes. Ya se ha visto cómo decisiones del presidente Trump han sido impugnadas por los tribunales, añade.
En Estados Unidos, subraya el autor, hay una larga tradición regulatoria de los lobbies, con una ley federal desde 1945, que convive con las normas de los estados. En España no hay una ley, ni un registro de lobbistas, ni órganos de control de su actividad, de la que no están obligados a informar. Tampoco hay base legal para seguir la “huella legislativa”, es decir, su incidencia en las normas. “No puede conocerse quién influye, cómo, sobre quién, con qué resultado y con qué medios económicos en la toma de decisiones políticas o la elaboración de leyes”, constata.
El caso Sloane. Una lobby story
Joan Ridao
Editorial Tirant Lo Blanch
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Buen análisis, ayuda a entender el contexto de la noticia.
Se agradece el rigor y las fuentes contrastadas.
Excelente trabajo de la redacción, como siempre.