El Partido Popular ha elegido la política migratoria como uno de los principales frentes de confrontación con el Gobierno al desplegar una amplia ofensiva parlamentaria a cuenta del proceso extraordinario de regularización de inmigrantes impulsado por el Ejecutivo. Una medida que nació al amparo de una Iniciativa Legislativa Popular (ILP) respaldada por más de 700.000 firmas y que ha sido bendecida por un amplio tejido de organizaciones sociales, entre ellas Cáritas y la Iglesia católica.
La maniobra de Génova apunta a disputar el relato construido por Moncloa y las organizaciones que impulsaron la iniciativa que cerró el martes su primera fase de solicitudes con 1.174.978 de expedientes. Mientras entidades eclesiales y colectivos sociales han defendido la regularización como “un acto de justicia social” imprescindible para garantizar la dignidad y los derechos de quienes ya viven y trabajan en España, pero permanecen en situación administrativa irregular, el PP ha puesto el foco en la gestión del proceso y en las costuras del sistema administrativo. Los de Alberto Núñez Feijóo han dibujado un escenario de “improvisación” y “colapso” en las oficinas de tramitación desde que comenzó el procedimiento el pasado 16 de abril y exigen al Ejecutivo de Pedro Sánchez que rinda cuentas por la “preocupante opacidad” que, a su juicio, rodea tanto la regularización como la adaptación de España al Pacto Europeo sobre Migración y Asilo.
Con esta ofensiva, el principal partido de la oposición convierte la regularización extraordinaria en uno de los nuevos ejes de su estrategia parlamentaria sobre inmigración. La maniobra se articula en tres frentes. Una proposición no de ley para exigir la correcta aplicación del nuevo marco europeo, una batería de 22 preguntas escritas al Ejecutivo y la solicitud de comparecencia en el Congreso del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, y de la titular de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, para que expliquen el desarrollo del proceso y la que consideran una falta de previsión del Ejecutivo, así como su impacto en los servicios públicos.
En la proposición no de ley registrada por el grupo que dirige Ester Muñoz, el PP sostiene que el Gobierno mantiene una “preocupante opacidad” sobre el estado de ejecución del Plan Nacional de implementación del Pacto Europeo sobre Migración y Asilo y sobre los recursos destinados a cumplir las nuevas obligaciones fijadas por la Unión Europea. Sobre esa base, insta al Ejecutivo a tramitar con urgencia las reformas legislativas y reglamentarias necesarias para adaptar plenamente el pacto migratorio al ordenamiento jurídico español, remitir a las Cortes un informe detallado sobre el grado de ejecución del plan y reforzar de forma inmediata los recursos humanos, materiales y tecnológicos destinados a su aplicación.
Asimismo, los populares reclaman que el Gobierno impulse, junto al resto de administraciones, un plan específico que garantice financiación suficiente, coordinación institucional y el cumplimiento de los nuevos procedimientos en frontera. La iniciativa también exige asegurar los medios necesarios para la aplicación efectiva de los procedimientos de triaje, asilo y retorno y pide al Ejecutivo que respalde el acuerdo provisional sobre el futuro Reglamento europeo de Retornos y garantice su aplicación cuando entre en vigor.
En paralelo, el PP ha registrado una batería de 22 preguntas escritas en las que sostiene que la regularización extraordinaria, iniciada el pasado 16 de abril, ha estado marcada por la “improvisación”, la “falta de planificación” y el colapso de numerosas oficinas encargadas de tramitar las solicitudes. A juicio de los populares, las largas colas registradas durante las primeras semanas y la necesidad de reforzar posteriormente los medios disponibles evidencian que el Gobierno puso en marcha un procedimiento de gran alcance sin disponer de una estructura administrativa suficiente.
Los populares también denuncian la falta de datos oficiales completos y actualizados sobre el desarrollo del proceso. En concreto, reprochan al Ejecutivo que no haya facilitado información detallada sobre el número de solicitudes registradas hasta la fecha, su distribución territorial, el perfil de los beneficiarios o el impacto que la regularización está teniendo sobre la Administración y los servicios públicos.
El cuestionario reclama además información detallada sobre el número de solicitudes presentadas y resueltas, su distribución por comunidades autónomas y provincias, las diez principales nacionalidades de los solicitantes y los refuerzos de personal incorporados para gestionar el procedimiento. También pregunta por los estudios que haya elaborado el Ejecutivo sobre el impacto de la regularización en la demanda de vivienda pública, los servicios sociales, la escolarización, la concentración de población inmigrante en determinadas zonas urbanas o la presión sobre los recursos públicos.
Ver comentarios 3
Buen análisis, ayuda a entender el contexto de la noticia.
Se agradece el rigor y las fuentes contrastadas.
Excelente trabajo de la redacción, como siempre.