Un total de trece formaciones políticas a la izquierda del PSOE, entre ellas Més per Mallorca, ERC, Sumar, Podemos, EH Bildu, Compromís, CUP, BNG, Izquierda Unida, Comuns, Adelante Andalucía, Somos Asturies y Más Madrid, han reclamado al Gobierno de Pedro Sánchez que no autorice la extradición del millonario americano, activista propalestino, que permanece en prisión preventiva en la cárcel de Eivissa desde su detención el pasado viernes.
Los representantes de estas formaciones han registrado una carta dirigida al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, y al ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, en la que sostienen que la entrega de Chambers supondría colaborar en una persecución política relacionada con su activismo en favor de la causa palestina.
El heredero de la fortuna de Cox Enterprises y propietarios de un patrimonio millonario fue arrestado en Eivissa en cumplimiento de una orden internacional de detención cursada por Estados Unidos. Tras comparecer ante la autoridad judicial española, ingresó en la prisión de mientras se tramita el procedimiento de extradición solicitado por las autoridades estadounidenses. El detenido ya ha pasado a disposición de la Audiencia Nacional, que será quien decida sobre la extradición.
Estados Unidos investiga a Chambers por presuntos delitos de blanqueo de capitales y por aun un supuesto apoyo material a organizaciones consideradas terroristas por la legislación estadounidense. Según la documentación judicial conocida hasta el momento, la investigación estaría relacionada con transferencias económicas destinadas a entidades vinculadas con movimientos propalestinos. Tanto su entorno familiar como sus abogados rechazan las acusaciones y sostienen que el empresario ha financiado exclusivamente proyectos humanitarios y organizaciones civiles de apoyo a la población palestina, denunciando que se trata de un caso de persecución política impulsado por la Administración de Donald Trump debido a sus posiciones públicas sobre Gaza.
Las firmantes piden al Gobierno que no sea cómplice de una persecución política
La carta está firmada, entre otros, por Laure Vega (CUP), Gabriel Rufián y Ana Balsera (ERC), Gerardo Pisarello y Andrés García Berrio (Comuns-Sumar), Lluís Apesteguia y Vicenç Vidal (Més per Mallorca), Isaura Navarro y Àgueda Micó (Compromís), Oskar Matute, Diana Urrea e Irati Jiménez (EH Bildu), Néstor Rego y Montserrat Prado (BNG), Covadonga Tomé (Somos Asturies), Enrique Santiago y Delia Campomanes (IU-Convocatoria por Asturies), José Ignacio García (Adelante Andalucía), Ione Besara (Podemos) y Tesh Sidi (Más Madrid).
En el escrito, los firmantes recuerdan que el procedimiento de extradición pasiva en España no implica que el Gobierno esté obligado a ejecutar la entrega aunque esta sea autorizada por la Audiencia Nacional. Señalan que la legislación española permite denegar una extradición cuando existan razones para considerar que la solicitud persigue castigar a una persona por sus opiniones políticas.
Aseguran que se criminaliza la causa palestina con la acusación de terrorismo
Asimismo, recuerdan que la Constitución excluye la extradición por delitos políticos y que el tratado bilateral entre España y Estados Unidos contempla la posibilidad de rechazar una entrega cuando existan indicios de persecución política.
Las formaciones sostienen que la acusación de terrorismo no puede utilizarse para criminalizar el apoyo humanitario o el activismo político en favor de Palestina. “La solidaridad con Palestina no constituye delito alguno. Tampoco puede ser asimilada, sin pruebas concretas e individualizadas de financiación de actos violentos, a financiación del terrorismo”, recoge la carta.
Recuerdan que España reconoció el estado palestino en el año 2024
El documento enmarca además el caso en la posición mantenida por distintas instituciones españolas respecto al conflicto de Oriente Próximo. Recuerda que España reconoció oficialmente al Estado de Palestina en mayo de 2024 y reclama al Ministerio del Interior y al Ministerio de Justicia que impidan la entrega de Chambers a Estados Unidos y que ninguna actuación administrativa o gubernamental contribuya a una extradición que consideran motivada por razones políticas. “La lucha contra el terrorismo no puede ser utilizada como instrumento para perseguir la denuncia del genocidio, la solidaridad con un pueblo ocupado o el apoyo a iniciativas humanitarias y sociales”, concluye la carta.
La iniciativa supone el primer respaldo político coordinado de ámbito estatal a Chambers desde que ingresó en la cárcel de Eivissa y se produce después de que su familia iniciara una campaña pública para denunciar que la solicitud de extradición constituye un intento de silenciar a uno de los principales financiadores de organizaciones y movimientos internacionales de apoyo a Palestina.
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Buen análisis, ayuda a entender el contexto de la noticia.
Se agradece el rigor y las fuentes contrastadas.
Excelente trabajo de la redacción, como siempre.