La huella de Vox en Baleares en las políticas de memoria, inmigración y lengua

Marga Prohens logró formar un gobierno sin consellers de Vox en el Consell de Govern, pero la presencia de la extrema derecha ha terminado impregnando la acción de gobierno de la presidenta. El pacto que firmaron los dos partidos era un dibujo de 130 puntos de las obsesiones de Vox: lengua, inmigración y memoria histórica. La legislatura ha transcurrido entre choques en estas materias entre las dos formaciones y acuerdos que el PP ha tenido que aceptar obligado por las circunstancias, con menor grado en las cuestiones lingüísticas, pero sin matices en todo lo relacionado con inmigración, donde la postura de Prohens y de Vox han terminado siendo indistinguibles.

Vox comenzó exigiendo a Prohens que hiciera pruebas dentales a los menores que llegan en patera a las islas para determinar su edad y poco más ha tenido que exigir. La presidenta ha ido endureciendo su política de inmigración apenas sin necesidad de que Vox empuje. Una de las últimas decisiones ha sido eliminar las ayudas que concede el Govern a las personas sin recursos que no acrediten residencia legal en Baleares. Hasta ahora, bastaba con presentar el certificado de empadronamiento para recibir la renta social garantizada; desde el año pasado, deben acreditarse un mínimo de tres años de residencia.

Esta exigencia de residencia es, de hecho, el embrión de la polémica prioridad nacional que exige Vox en todos los nuevos gobiernos autonómicos. En Baleares consiste en pedir unos años mínimos de residencia para acceder a las ayudas públicas o para optar a una vivienda de titularidad pública. No se habla de prioridad nacional, pero sí de dar ayudas “a la gente de aquí”, una expresión que repite la presidenta cada vez que tiene ocasión.

Prohens se ha negado a acoger menores migrantes procedentes de Canarias y ha llevado el asunto a la Audiencia Nacional y al Tribunal Supremo. Alega que las Islas están desbordadas por la llegada de migrantes, más de 7.000 el año pasado, pero también está litigando contra el proceso de regularización extraordinario aprobado por el Gobierno. El sello de Vox se ha notado en otras materias añadidas: se han eliminado las ayudas a las ONG que colaboran con el “tráfico ilegal de personas”.

Prohens ha mostrado más resistencias en aeptar las exigencias en materia de catalán

Si en inmigración apenas ha tenido que exigir nada Vox, no puede decirse lo mismo de las rebajas al catalán. Prohens llegó a la presidencia del Govern con un PP todavía en trauma por José Ramón Bauzá, un presidente que desplegó una cruzada contra el catalán durante su mandato y cuyo resultado fue 100.000 personas en la calle en la manifestación más multitudinaria que ha vivido Baleares y una estrepitosa derrota electoral en 2015.

Vox ha intentado una política de máximos en materia de lengua desde el primer momento con la meta final puesta en la derogación de la Llei de Nomalització Lingüística. Acabará la legislatura sin haberlo conseguido, pero Prohens también ha tenido que ceder en esta materia y ha aprobado rebajas del catalán en la educación y en la Función Pública. La actuación más controvertida fue, en un primer momento, la puesta en marcha de un plan piloto de elección de lengua en las aulas para que los padres eligieran la primera lengua de enseñanza de sus hijos.

La política de inmigración de la presidenta y la de Vox son caso indistinguibles

Vox sí ha logrado que, “por razones debidamente justificadas”, los alumnos de familias que se desplacen temporalmente a Balears queden exentos del catalán y en las plazas docentes de muy difícil cobertura, el catalán no será un requisito a priori. Por exigencia de Vox, y con resistencia del PP, también se han introducido cambios mínimos en la Ley de Función Pública para que en determinados puestos de trabajo de difícil cobertura no se exija el catalán, como ya sucede con los profesionales sanitarios.

La tercera pata de esas tres grandes exigencias de Vox, la de memoria, se sustanció hace unos meses con la derogación de la ley de memoria aprobada en la anterior legislatura. El PP votó en contra en un primer intento, pero no le quedó más remedio que rendirse a Vox a cambio de la aprobación de los Presupuestos.