El Govern avanza en la ley para profesionalizar y captar talento en la dirección pública

El Govern ha aprobado el anteproyecto de ley de la dirección pública de la Generalitat, que se enmarca en la voluntad de mejorar el funcionamiento de la administración catalana y que busca profesionalizar la dirección pública. Los directores generales se nombrarían mediante un proceso de evaluación, con rendición de cuentas sobre su labor y el puesto tendrá fecha de caducidad en una apuesta por primar la meritocracia. No hará falta, por tanto, ser funcionario de carrera para ello.

Según explicó la consellera y portavoz, Sílvia Paneque, el objetivo es “captar talento” especialmente en una coyuntura en la que la Administración deberá de afrontar un relevo generacional. Se busca impulsar un modelo basado en la evaluación de resultados, donde habrá variables en la retribución, y se quiere garantizar “que la gestión pública se base en la eficiencia en el uso de los recursos”.

Las principales novedades, según la información del Govern, serán la “selección por mérito e idoneidad” en la que los procesos de elección serán evaluados por un organismo “independiente de calificación de nueva creación”. Este organismo contará con representación paritaria, estará formada por personas de “reconocido prestigio” en la función pública y en el ámbito de los recursos humanos”. El mandato será de siete años y su prórroga estará supeditada a los resultados obtenidos. Para ocupar estos cargos, se propondrá una terna de candidatos.

Asimismo, la retribución variable podría llegar al 15% del salario fijo, en este contexto de primar los resultados. También se elimina el “cese libre” para evitar que el futuro de estos cargos dependa de los cambios gubernamentales. La ley está dirigida al personal directivo, que divide en tres categorías: la dirección gerencial (direcciones generales y de servicios), la dirección operativa (subdirecciones generales, ocupadas por funcionarios de carrera) y los directivos del sector público institucional (organismos autónomos, entidades de derecho público, consorcios, fundaciones del sector público...). El Govern estima que en total afectaría a más de 700 cargos.

De estos, quedarían fuera los que por sus características tienen un perfil marcadamente político, que en cualquier caso no podrían superar el 20%. En cuanto a los requisitos básicos para acceder a estos cargos, el proyecto establece que será necesaria titulación universitaria o grado, y conocimiento del catalán hablado y escrito.

El anteproyecto será enviado al Parlament para su debate y Paneque quiso recordar que el texto emana de un consenso amplio que llega de la mano de los colectivos profesionales, académicos y políticos que han debatido y consensuado las ideas para la reforma de la Administración. Un proyecto impulsado por el Fòrum d´Entitats per la Reforma Administrativa (FERA) con participación, entre otros, de la Cambra de Comerç de Barcelona, la Cecot, el Col.legi d’Enginyers, el Col.legi de la Ciència Política y la Sociologia de Catalunya o el Col.legi d´Economistes. El documento del FERA contó con el apoyo de 300 entidades, y este foro aplaudió el impulso del proyecto.

Una vez la iniciativa sea aprobada por el Parlament, el Govern dispondrá de un año para dar luz verde al Estatuto de la dirección pública profesional, que desarrollará el reglamento de la legislación. La reforma de la administración catalana es uno de los objetivos en la gestión gubernamental del president Salvador Illa, que se comprometió al inicio de la legislatura tanto a profesionalizarla como a reducir las cargas burocráticas en su funcionamiento.