El PSC, Junts per Catalunya, Esquerra Republicana, Comuns y la CUP han cerrado un acuerdo para reformar el reglamento del Parlament e incluir en el mismo las sanciones previstas para los diputados que lo incumplan y que se recogen en el código de conducta. Los cinco grupos han registrado la propuesta este miércoles, un texto en el que llevan trabajando desde hace meses ante el incremento, a su juicio, de los discursos de odio en la Cámara catalana protagonizados por Vox y Aliança Catalana. Con el actual reglamento, sostienen que no hay suficiente robustez para imponer estas sanciones y que posteriormente no sean tumbadas en instancias judiciales. Ahora se dota a la Cámara de instrumentos con rango de ley contra las manifestaciones discriminatorias, calumniosas o de incitación al odio.
La iniciativa acordada entre las cinco formaciones concreta las amonestaciones que se pueden imponer en función de la gravedad de los hechos -hasta la fecha, era poco concreto- y también detalla cuáles deben ser las funciones de la comisión del estatuto del diputado y de la Mesa del Parlament a la hora de actuar ante estos episodios. La intención es que la propuesta, ya registrada, empiece a tramitarse con el arranque del nuevo curso político y que reciba luz verde definitiva este mismo otoño porque se hará por la vía de urgencia.
Además, el texto se presenta un día después de que el órgano rector de la Cámara catalana acordara amonestar públicamente a la líder de Aliança Catalana, Sílvia Orriols, por sus ataques islamófobos a la diputada de ERC, Najat Driouech. También amonestaron al portavoz de Vox, Joan Garriga. Los hechos fueron calificados de leves, tal como expuso la resolución elaborada por la comisión del estatuto del diputado, y no hubo sanción económica -pese a que el reglamento contempla que se puede poner una multa que oscila de los 600 a los 12.000 euros-.
En su informe, el órgano instructor del Parlament planteó a la Mesa la necesidad de reformar el reglamento de la Cámara e incorporar el código de conducta al mismo para poder actuar ante unos hechos que, con la actual normativa en la mano, solo podían calificar de leves porque en la categoría de graves o muy graves no constaban los discursos de odio. Paralelamente, reclamó a Josep Rull que recordara a los grupos parlamentarios que tienen la potestad de acudir al Ministerio Fiscal si consideran que se ha producido algún discurso de odio.
El texto registrado recoge en la exposición de motivos que “la libertad de expresión constituye uno de los fundamentos esenciales de la sociedad democrática y goza en sede parlamentaria de una protección especialmente intensa”, pero consideran que su ejercicio “encuentra un límite cuando este derecho se utiliza con la voluntad de destruir, contradecir o menospreciar los derechos humanos de las personas o los valores esenciales en los que se fundamenta el orden democrático”. Por ello entienden que corresponde a los reglamentos de las cámaras “prever los mecanismos disciplinarios necesarios para garantizar el orden de los debates”.
La reforma incorpora, según reza el documento, un régimen sancionador que “quiere dar cumplimiento al principio de legalidad, de modo que cualquier medida disciplinaria se articule con sujeción a unas normas establecidas en rango legal”.
La ley consta de nueve artículos, que son principalmente modificaciones de los vigentes. Con la reforma, que previsiblemente saldrá adelante porque cuenta con una amplia mayoría de 107 diputados de 135, se concreta que es aplicable a los diputados el código de conducta -cosa que ahora no se mencionaba explícitamente en el reglamento-.
También se atribuye a la Mesa del Parlament la competencia de “adoptar las medidas necesarias para la aplicación de los procedimientos de verificación” que efectúa la comisión del estatuto del diputado y, si corresponde, “imponer la sanción correspondiente”.
Por otro lado, una tercera llamada al orden implicaba que se privaba al diputado de hacer uso de la palabra en lo que quedara de sesión. La reforma prevé que también se le pueda expulsar del hemiciclo.
En cuanto a la concreción de las infracciones, se desgrana cuáles son consideradas leves, graves o muy graves. Pasa a ser considerado grave cuando se actúe contra un nuevo artículo en el que se especifica que “los diputados no pueden utilizar en ninguna de sus comunicaciones un lenguaje ofensivo o difamatorio, entendido como aquel lenguaje discriminatorio, calumnioso o que fomente, promueva o incite al odio”. Además, se les insta a “no ejercer cualquier tipo de violencia, incluida la machista, racista y LGTBIfóbica”.
Finalmente, las infracciones leves se sancionarán con una amonestación pública; las graves con la amonestación y una multa de 600 a 6.000 euros; y las muy graves de 6.001 a 12.000 euros y, si es necesario, la exclusión de formar parte de las delegaciones del Parlament en viajes durante un máximo de un año.
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Buen análisis, ayuda a entender el contexto de la noticia.
Se agradece el rigor y las fuentes contrastadas.
Excelente trabajo de la redacción, como siempre.