Vox recurre la sentencia de David Sánchez para pedir que la condena sea de prisión

David Sánchez fue condenado por la Audiencia de Badajoz a nueva años de inhabilitación para ejercer cargo público y para presentarse a elecciones como autor de un delito de prevaricación. El tribunal exoneró al hermano del presidente del gobierno de otro delito de tráfico de influencias del que también estaba acusado. Esa sentencia le ha sabido a poco a Vox, que la ha recurrido para pedir que David Sánchez sea condenado también por el tráfico de influencias, un delito castigado con seis meses a dos años de prisión, y en consecuencia, su pena sea de cárcel.

En el recurso, que Vox ha presentado ante el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura, el partido de Santiago Abascal demanda también que se condene por tráfico de influencias al expresidente de la Diputación de Badajoz y exsecretario general del PSOE extremeño, Miguel Ángel Gallardo, quien fue condenada a sendas penas de nueve años de inhabilitación para ejercer cargo público y el derecho de sufragio pasivo. Además, Vox quiere que también se aumente la condena a Luis Carrero, amigo de David Sánchez.  

La abogada de Vox, Marta Castro, considera que “los hechos probados de la sentencia, los 4.000 correos analizados en el juicio y las declaraciones acreditan que David Sánchez fue contratado en la Diputación de Badajoz por motivos políticos”. Y que “si David Sánchez no hubiera sido hermano del presidente no habría obtenido ese puesto” de coordinador de los conservatorios, que más tarde se transformó en director de la Oficina de Artes Escénicas.

Además, la formación de Abascal denuncia una “contradicción lógica interna”, pues no ve posible “declarar probado el designio espurio y, simultáneamente, negar prueba de la influencia que lo causó”. En consecuencia, invoca doctrina del Tribunal Supremo sobre prueba indiciaria, prevalimiento sin petición expresa e inducción en cadena para que se revise la sentencia de la Audiencia de Badajoz.

Vox añade que la absolución por tráfico de influencias limita la responsabilidad penal de los tres acusados principales, David Sánchez, Miguel Ángel Gallardo y Luis Carrero, a quienes “no se les impone prisión adicional en concurso medial, ni las penas accesorias de prohibición de contratar con el sector público, pérdida de subvenciones/beneficios fiscales o inhabilitación especial adicional”.