Marcar periodistas como ganado

Imaginen a Amancio Ortega de Inditex, a Juan Roig de Mercadona o a Ana Botín del Banco Santander clasificando a sus proveedores, clientes o empleados por su sesgo ideológico. Que en su despacho tuvieran una libretita, con nombres y apellidos ordenados alfabéticamente de los que pudiran leerse cosas como estas: Pepe es más rojo que La Pasionaria. Juan más azul que Primo de Rivera. Manolita ni carne, ni pescado, ella es muy de centro-centrado. Ramona, una pelota a la que todo lo que hace la empresa le parece estupendo. Marc, un crítico tocapelotas que sólo echa leña al fuego del comité de empresa y los sindicatos.

El escándalo sería morrocotudo. Mayúsculo. Y con razón. Como lo sería también si esa clasificación se estableciera por orientación sexual o por cualquier otro elemento referido a la privacidad. Magistratura actuaría. Y el Gobierno saldría en tromba a buscar titulares en nombre de los derechos fundamentales de los afectados. Pedro Sánchez y Yolanda Díaz encabezarían con vehemencia la petición de un severo escarmiento para los magnates de la moda, la alimentación y la banca. ¡Que paguen por su atrevimiento!

Inventariar a profesionales ideológicamente remite a otras épocas

Pues eso mismo es lo que ha hecho el Ministerio del Interior. Fichar por sus opiniones políticas a 280 periodistas y analistas. Foto del interfecto, nombre y apellido, ocupación pasada y presente y orientación ideológica. Rojo, azul o descolorido. A favor del Gobierno, en contra o ni fu ni fa. Algunos incluso salen bien parados, catalogados como independientes.

Estamos tan acostumbrados a la excepcionalidad que ya nada sorprende. Ni siquiera este chapucero ejercicio de control gubernamental que se ha llevado a cabo con recursos públicos. Con sus impuestos y los míos. Hay incluso quien le quita importancia. Simples fichas inocentes para saber quién es quién, dicen. Estamos en lo de siempre. Para quienes son capaces de excusar algo así quitándole importancia, queda claro que lo importante nunca son los hechos, sino las siglas que los protagonizan. No hay otra explicación plausible.

Tan descarnado es el atropello en esta ocasión, que ni el PSOE, ni Pedro Sánchez, ni la mayoría de sus ministros, ni el propio Fernando Grande-Marlaska, han tenido arrestos para defender la existencia de ese informe refugiándose en peregrinas excusas.

Incluso, ¡aleluya!, se han pedido excusas con la boca pequeña, del modo en el que acostumbran a pedirlas quienes en realidad no quieren hacerlo: “si alguien se ha sentido ofendido”. El ministro ha dado su palabra de que el informe no tenía “fines espurios”, bonita palabra, pero ha sido incapaz de aclarar para qué se destinó tiempo y dinero público para fichar ideológicamente a casi trescientos periodistas y opinadores. ¿Si los fines no eran espurios, de qué naturaleza eran?

Se mire como se mire es un escándalo de primer nivel. Inventariar profesionales atribuyéndoles las características de mamporreros del poder, opositores o indiferentes no es algo banal, ni que pueda dejarse pasar. Remite a otras épocas y casa mal con dirigentes como los actuales, tan empeñados en llenarse la boca a diario con la preservación de los derechos fundamentales, como si antes de ellos España viviera en la edad de piedra democrática.

Han hecho bien las asociaciones de prensa españolas exigiendo dimisiones y calificando los hechos con la gravedad que merecen. Sólo que ya vamos acostumbrándonos a que los escándalos no conlleven consecuencia alguna. Se destapan, se confirman y se amortizan sin necesidad de que nadie pague factura alguna por sus actos. No sólo eso. Fiel a su chabacano estilo, el ministro Puente no ha resistido la tentación de bromear en las redes a cuenta de alguno de los periodistas fichados. Esa es la importancia que se da en España al atropello de los derechos fundamentales cuando son miembros del propio equipo quienes los atropellan: ninguna.