España se rompe... por otro lado

Cuando se le preguntaba a Mariano Rajoy, en pleno proceso independentista, por qué no abría un diálogo con Convergència, entonces en el Govern de Catalunya, para tratar de aplacar la tensión y negociar, el ex líder del PP argumentaba que hacer concesiones al nacionalismo nunca servía de nada, puesto que siempre resultaban insuficientes. Pero también añadía que estaba siendo lo más moderado posible, ya que no cedía ante quienes le reclamaban más contundencia contra el independentismo. Rajoy no especificaba quiénes eran esos sectores que le pedían mano dura ni tampoco en qué consistía aplicarla, pero visto desde hoy es evidente que ya se estaban gestando Vox y organizaciones como Hazte Oír y otras que actúan como acusación popular en diversas causas abiertas contra el Gobierno. Esas fuerzas han conseguido poner contra las cuerdas a los socialistas en algunos casos, pero también condicionan al PP y un ejemplo es la manifestación de ayer en Madrid de Sociedad Civil Española, la llamada Marcha por la Dignidad, a la que acudía Vox y se sumaron los populares. Alberto Núñez Feijóo no está dispuesto a que le pase como a Rajoy.

Sociedad Civil Española es un conglomerado de decenas de otras entidades al frente de la cual están Marcos de Quinto, ex fichaje de Ciudadanos, Alejo Vidal-Quadras o Amalio de Marichalar, hermano mayor de Jaime de Marichalar. La venganza de Vidal-Quadras se sirve fría: José María Aznar brindó su cabeza en bandeja de plata a Jordi Pujol para lograr la presidencia del Gobierno y fue él quien fundó Vox y ahora, desde la sombra, forma parte de uno de los núcleos que marca el paso a la derecha en España. El manifiesto de los organizadores lanzaba mensajes que hay que atender porque no se trata de una iniciativa residual, sino que, irradiados desde la capital, van calando en una parte cada vez más importante de la población: el primero, hay que juzgar a Pedro Sánchez por traición. El segundo es que hay que salvar España de un Gobierno que pretende dar un pucherazo en las elecciones generales.

Cada vez se escuchan más peticiones para acusar a Sánchez de traición de pucherazo electoral

Ceuta traza un enlace directo con la acusación de traición. Empiezan a circular las invocaciones al artículo 102 de la Constitución, por el que una mayoría absoluta del Congreso puede acusar de traición al presidente ante la Sala Segunda del Tribunal Supremo. Es un globo sonda que ejerce una presión latente sobre el PP, que no se plantea tal posibilidad. Otra cuestión es la vía judicial abierta. Está en marcha una causa en la Audiencia Nacional por lo ocurrido en Ceuta. Cabe la posibilidad de que la jueza María Tardón investigue al delegado del Gobierno en esa ciudad autónoma por un delito contra la seguridad del Estado por no atender a avisos policiales y del CNI, pero escalar más arriba resulta complicado. Varias fuentes judiciales consultadas opinan que no hay indicios que puedan llevar hasta el presidente del Gobierno en ese procedimiento. De hecho, el Tribunal Supremo ha archivado varias denuncias de entidades de ultraderecha que pretendían acusar a Sánchez de traición.

Sí se están abriendo camino judicial las acusaciones al Gobierno sobre una presunta alteración del censo electoral a partir de la llamada “ley de nietos”, que permite adquirir la nacionalidad española y, por tanto votar, a los nacidos fuera de España cuyos padres o abuelos fueron represaliados de la guerra civil y la dictadura franquista. Para aplicar esa ley, el Gobierno redactó una instrucción que concedía la condición de exiliado a todos aquellos que salieron de España entre 1936 y 1955, sin tener que demostrar nada más. Los jueces consideran que esa instrucción es aberrante jurídicamente y el debate sobre si el Gobierno busca manipular las elecciones está servido. El Supremo ha suspendido cautelarmente la aplicación de la ley. Casi 2,4 millones de personas han pedido acogerse a la ley y, de ellos, medio millón tienen aprobada su solicitud.

El asunto puede acabar en el Constitucional, de mayoría progresista, que les podría restituir ese derecho. El pulso entre el Supremo y el Constitucional es constante y buena parte de los jueces del primero acusan al segundo de actuar como un órgano partidista, mientras la mayoría del TC lamenta que esas acusaciones desprestigien al máximo intérprete de las leyes. Aunque el TC dicte que los afectados por la ley de nietos podrán votar, ya estará plantada la sombra de la duda sobre las elecciones.

En este ambiente de tensión, que se vive con especial intensidad en los círculos de poder de Madrid, llega la amnistía a Carles Puigdemont una vez resuelva el Constitucional este 6 de octubre. No va a haber más resistencias, ni dentro de ese órgano ni en el Supremo a la aplicación de la amnistía, por lo que el ex president podría regresar en cuestión de semanas. Por diferentes motivos, en el ámbito judicial y en el PP existe ahora la convicción de que es mejor cerrar ya esta carpeta. Sánchez ha llegado hasta el tramo final de la legislatura gracias a que la ruptura anunciada por Junts no se ha traducido en un alineamiento total de esa formación con el PP y algunos lo atribuyen a que Puigdemont estaba pendiente de la amnistía.

En definitiva, en sectores relevantes de la judicatura y la política ha calado la impresión en un desmoronamiento del Estado de derecho y una podredumbre institucional por las referencias al lawfare , la reacción de Sánchez ante los casos de corrupción o por su relación con el independentismo. Para esas terminales, España se rompe de nuevo. Esta vez no por Catalunya, sino por dentro. Una visión opuesta a la de Sánchez, que se siente acosado por un poder judicial que considera que actúa de la mano del PP, por lo que no piensa tirar la toalla. De ahí la virulencia de la política hoy en España. Mientras, el país se sobrecoge al ver cómo desahucian a una anciana en prime time .