La crisis habitacional será uno de los elementos troncales de la discusión política en el debate de política general. Sobre esta materia, Esquerra Republicana defiende que una de las soluciones pasa por facilitar la compra de vivienda habitual y para uso residencial permanente, así como dificultar la adquisición para especular. Para ello, los republicanos defienden actuar por la vía de la fiscalidad.
Según ha podido saber La Vanguardia, ERC presentará una propuesta de resolución en la que aboga por una reforma tributaria que reduzca la tributación en la adquisición de vivienda habitual y permanente cuando la persona que compre el inmueble no sea titular aún de ninguna vivienda.
En concreto, la propuesta pone el foco en el impuesto de transmisiones patrimoniales para esta casuística, es decir, para personas que adquieran un inmueble cuando no tengan otro. El partido se fija en este tributo porque la Generalitat tiene competencias para modificarlo y fijar los gravámenes correspondientes. La reducción tendría límites de precio y renta y estaría condicionada a mantener la obligación de mantener el uso residencial de la vivienda.
Actualmente, el tipo impositivo general de dicho tributo para la transmisión de inmuebles es del 10% (hasta los 600.000 euros). Para la compra de un edificio entero o cuando se trata de un gran tenedor, sube al 20%. Por otro lado, se aplica un tipo reducido del 5% a varios colectivos –la compra de una vivienda de protección oficial, familias monoparentales, numerosas, jóvenes hasta 35 años, personas con discapacidad y víctimas de violencia machista–. ERC defenderá que se amplíe esta lista teniendo en cuenta “criterios sociales y territoriales”.
A la vez que la formación republicana apuesta por que se paguen menos impuestos para vivienda habitual, para cuadrar los números, la reforma contempla un “incremento progresivo de la tributación en función del nombre de viviendas en propiedad del adquiriente” y un “refuerzo de la tributación de las compras por grandes tenedores”. En paralelo, propugnan medidas fiscales para “penalizar” la compraventa de viviendas en plazos cortos de tiempo con finalidades especulativas.
Mediante esta resolución, Esquerra Republicana quiere entablar conversaciones con el Govern alrededor de este asunto para ver cómo podría encajar una iniciativa que se enmarca en la filosofía que la formación considera que es una solución: “La fiscalidad tiene que dar prioridad a la vivienda habitual y al alquiler estable y asequible”.
En el año 2024, Catalunya recaudó 2.087,7 millones de euros por el impuesto de transmisiones patrimoniales, dejando al margen los actos jurídicos documentados. Hasta finales de noviembre de 2025, había llegado a los 2.207,1 millones. De esta cuantía, se estima que entre el 70 y 80% tiene que ver con la actividad inmobiliaria, con las operaciones de compraventa de vivienda. Es el segundo impuesto por recaudación más relevante para la financiación de las arcas catalanas, por lo que la reducción que se proponga puede tener un impacto destacable en las finanzas.
Como contrapeso, la idea del grupo republicano es que haya un alza del gravamen a partir de la tercera propiedad. No solo se trataría de conseguir así una compensación por la rebaja de fiscalidad en los casos de vivienda habitual para quien no tenga ninguna propiedad, sino también para intentar “desincentivar” la adquisición con finalidades especulativas.
En este sentido, cabe recordar que se está negociando –hay tiempo hasta finales de octubre– cómo retocar la proposición de ley de Comuns para limitar este tipo de compras, tras recibir un duro varapalo del Consell de Garanties Estatutàries que advertía de su inconstitucionalidad. Los ecosocialistas sustentan el pilar de la norma en reformar la ley de Urbanismo y, pese a que ERC mantiene su disposición a aprobar el proyecto, siempre ha considerado que esa es una vía errónea y que es mejor actuar a través de la fiscalidad.
La cuestión habitacional será protagonista en las próximas semanas en las políticas de ERC. En el plano catalán, mediante esta propuesta; y en Madrid se está trabajando con el Gobierno en el real decreto de vivienda que se negocia con otros grupos parlamentarios. Además, hay otros planes sobre esta materia que se están perfilando.

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Buen análisis, ayuda a entender el contexto de la noticia.
Se agradece el rigor y las fuentes contrastadas.
Excelente trabajo de la redacción, como siempre.