Sumar y Podemos elevan la presión ante “lo mucho que está en juego” con el decreto Maricarmen

El caso de Maricarmen ha cambiado el paso de la negociación sobre la vivienda. El desahucio de una mujer de 87 años, expulsada de la casa en la que había vivido durante 70 años, ha puesto rostro y nombre a un problema que durante años se había expresado en cifras y que permanece bloqueado en el debate parlamentario. Por eso las distintas fuerzas de la izquierda han entendido que este lunes se juegan mucho más que el contenido de un decreto. Se juegan la respuesta que son capaces de dar a una demanda social que ha desbordado los márgenes habituales de la negociación parlamentaria.

El Gobierno afronta así una jornada contrarreloj para intentar cerrar el decreto de vivienda que pretende aprobar este martes en el Consejo de Ministros. “Va a ser un lunes muy largo”, ha admitido el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, consciente de que todavía quedan demasiadas diferencias por salvar. El PSOE plantea un acuerdo “de mínimos” que permita sacar adelante el texto y continuar después negociando con los grupos las medidas que hayan quedado fuera. Mientras que sus socios de izquierda reclaman exactamente lo contrario. Un decreto “suficientemente ambicioso” como para responder a la dimensión que ha adquirido la crisis y que, en caso de rechazo, “sean los demás partidos quienes tengan que explicar por qué no lo apoyan”. “Porque hay mucho en juego”, coinciden en señalar.

Sobre la mesa hay un paquete de medidas que explica la distancia entre unas posiciones y otras. El Gobierno negocia iniciativas para limitar la compra especulativa de vivienda por parte de los fondos buitre, mecanismos para compensar la escalada de los precios del alquiler, ayudas para la adquisición de la primera vivienda y bonificaciones fiscales para los inquilinos que permitan reducir de manera inmediata el esfuerzo económico que supone pagar el alquiler. También se plantean incentivos fiscales para los propietarios que rebajen las rentas y saquen viviendas vacías al mercado a precios moderados, además de regular el alquiler de temporada y elevar el IVA de los pisos turísticos.

Pero para Sumar y Podemos, entre otros, el debate ya no puede limitarse a encontrar una fórmula que permita reunir los votos suficientes. La líder de Más Madrid, Mónica García, ha advertido este lunes de que el Gobierno todavía está lejos de tener un “decreto Maricarmen” que “satisfaga” las necesidades de la ciudadanía. “Llevamos mucho tiempo empujando al Partido Socialista, que ha ido arrastrando los pies para poner medidas eficaces”, ha reprochado la ministra de Sanidad, que ha situado el caso de Maricarmen como “un punto de inflexión”. García ha reclamado una protección completa frente a los desahucios, regulación de los alquileres de temporada y de habitaciones, una congelación de los precios y la prórroga de los contratos con renovación automática. “No vamos a poner solución al problema de la vivienda si ponemos parches”, ha advertido.

Sumar ha insistido después en que el acuerdo sobre el texto sigue “muy lejos” y en que no validará un decreto que “no esté a la altura del momento que exige la ciudadanía”. “No vamos a permitir que se diluyan elementos que son centrales para atajar la crisis de vivienda”, ha advertido la formación. De hecho, una de las reivindicaciones más contundentes quedará fuera del decreto que el Gobierno pretende aprobar este martes. La expropiación del piso de Maricarmen no figurará finalmente entre las medidas del texto, según fuentes de Sumar, aunque la formación asegura que sigue negociando para incorporarla en un decreto posterior. El principal escollo a estas horas está, en cambio, en la duración de la prórroga de los desahucios. Sumar reclama extender la protección hasta mediados de 2028, mientras el PSOE plantea, según estas fuentes, un año.

El mensaje de Podemos ha sido todavía más explícito. Irene Montero ha defendido que “las cosas no están para mínimos”, sino para resolver el problema de la vivienda, y ha reclamado prohibir la venta de viviendas para especular, impedir los desahucios sin alternativa habitacional, expropiar las viviendas de los fondos buitre y bajar los precios de los alquileres. La candidata del partido morado a la presidencia del Gobierno ha rechazado además que la negociación deba quedar condicionada por la búsqueda de un acuerdo con los grupos que sostienen posiciones más alejadas de la izquierda. “A lo mejor esta vez el trágala hay que hacérselo a los especuladores”, ha planteado.

Ese apremio se extiende también a los partidos integrados en el espacio de Sumar. El diputado de Compromís Alberto Ibáñez ha reclamado que el decreto avance hacia los alquileres indefinidos y regule los contratos de temporada y de habitaciones. “No se dan las condiciones para un real decreto asumible para la ciudadanía y el Parlamento”, ha advertido a las puertas del Gregorio Marañón, donde ha anticipado “horas intensas” de negociación.

El caso Maricarmen ha conectado la presión de la calle con la negociación parlamentaria

La presión de los aliados del Gobierno tiene un hilo directo con la que estos días se expresa en la calle. La Puerta del Sol y otras plazas del país se han convertido en el otro escenario de una negociación que ya no transcurre únicamente entre despachos y grupos parlamentarios. Y esa movilización está alimentando las posiciones de quienes, dentro y fuera del Ejecutivo, reclaman que el decreto esté a la altura del momento abierto por el caso Maricarmen. Cerca de 600 personas han amanecido este lunes acampadas en la Puerta del Sol después de pasar allí su segunda noche. Alrededor de 350 tiendas de campaña permanecen instaladas en el centro de la plaza, mientras la protesta se ha extendido también a Barcelona, donde un grupo de manifestantes ha cortado a primera hora la avenida Meridiana. La movilización ha dejado así de ser el telón de fondo de la negociación para convertirse en uno de sus factores.

Las formaciones de la izquierda han decidido, además, hacer visible esa conexión. Sumar, Podemos, ERC, EH Bildu y BNG se han citado este mediodía frente al hospital Gregorio Marañón, donde Maricarmen permanece ingresada desde que fue desahuciada de la vivienda en la que vivió durante 70 años. El escenario no es casual. La negociación política se traslada físicamente al lugar donde permanece la mujer cuyo caso ha precipitado el debate.

Junts pide “salir de la trinchera ideológica”

Al otro lado de la negociación, Junts reclama precisamente lo contrario de una nueva batalla de bloques. El presidente del Parlament y dirigente de la formación, Josep Rull, ha pedido este lunes salir de “la trinchera ideológica” para buscar un acuerdo sobre el decreto y ha asegurado que su partido ha abierto un “paréntesis” en su relación con el PSOE, ahora “muy complicada”, para abordar esta cuestión. “Hay elementos para buscar el común denominador”, ha defendido en TV3, un mensaje que ha amplificado después el portavoz de la formación, Josep Rius.

Junts ya presentó el pasado 3 de septiembre una propuesta de decreto con la que, según Rull, el desahucio de Maricarmen habría sido “imposible”. Su apuesta pasa por combinar la construcción de más vivienda con un mayor control sobre los fondos buitre y más “seguridad jurídica” tanto para propietarios como para inquilinos, con el objetivo de que vuelvan al mercado un volumen importante de pisos. Rull se ha mostrado “optimista” sobre la posibilidad de un pacto si existe “generosidad” y “responsabilidad” y ha situado el acceso a la vivienda como una “prioridad nacional”.

El movimiento de Junts introduce así otra pieza en un tablero especialmente complejo para el PSOE. Mientras sus socios de izquierda le reclaman un decreto de máximos y advierten de que no aceptarán “parches”, los de Carles Puigdemont reclaman salir de la “trinchera ideológica” y construir un consenso suficientemente amplio. 

Los posconvergentes insisten estos días en que hay que conjugar la limitación y el control a los fondos buitres con medidas de alivio fiscal y la protección al pequeño propietario –un aspecto que también resalta el PNV–. Así las cosas, la formación respalda “la suspensión de los desahucios de las propiedades de los fondos buitre” y “la limitación temporal en la adquisición de viviendas por parte de grandes operadores financieros e inmobiliarios” si hay “desgravaciones que ayuden a los ciudadanos, como el coste del alquiler de la vivienda habitual, el coste de la hipoteca o bajar impuestos a los ahorros destinados a comprar la primera vivienda”. También abogan por reducir el IVA aplicable a la vivienda y “protección para las personas mayores que dejan su casa para ir a una residencia”, que se traduce en que no tengan que tributar como si hubiera una ganancia patrimonial si venden su piso para pagar la residencia.  El objetivo es, apuntan, “dar aire a los ciudadanos que sufren la crisis” y ayudar a que los jóvenes accedan a la vivienda con las ayudas fiscales. 

Sobre los desahucios en viviendas de pequeños propietarios, JxCat defiende que el coste de no ejecutar el lanzamiento y de los impagos lo tiene que sufragar la administración pública. 

Antes de la rueda de prensa conjunta de las izquierdas en Madrid, el portavoz de Esquerra Republicana, Isaac Albert, ha señalado en rueda de prensa que, a la espera de conocer el redactado final del decreto, no ven “grandes problemas” para poder votar a favor del mismo. En todo caso, Albert ha lamentado que “vamos tarde”: “No nos podemos permitir gobiernos que arrastran los pies constantemente y que ahora tienen prisa y quieren correr cuando tienen el problema delante. Es el ejemplo claro de lo que hace el Gobierno del PSOE y el grupo parlamentario de Junts”.

Desde la formación republicana no han querido trasladar un posicionamiento final porque quieren conocer las diferentes propuestas de los grupos, pero han enfatizado que hay un “bien preciado máximo” que es la “aprobación del decreto para tratar de dar respuesta a la problemática existente”.