El último borrador remitido por el Gobierno central a los grupos del Congreso en materia de vivienda no convence a Junts per Catalunya, el principal escollo que debe salvar el Ejecutivo de Pedro Sánchez en la negociación para sacar adelante el real decreto-ley que el Consejo de Ministros prevé aprobar mañana martes, el ya conocido como “decreto Maricarmen”.
Desde la formación de Carles Puigdemont, tras revisar redactado que les ha remitido el Ministerio de Vivienda, advierten que el Gobierno central “se aleja del acuerdo” y le reprocha que se hayan incorporado al articulado “múltiples medidas que no formaban parte de lo que se había trabajado” en los días previos y que ya impidieron la convalidación de textos anteriores sobre vivienda.
Así las cosas, JxCat lamenta que se intenten modificar hasta 34 artículos de la ley de Arrendamientos Urbanos (LAU), lo que consideran que convierte el borrador en una suerte de “decreto ómnibus”. Para más inri, fuentes de la formación remarcan que ya se está trabajando en sede parlamentaria en la reforma de esa norma con el concurso de los grupos parlamentarios por otra vía y destacan que en el borrador se han introducido medidas que, a su juicio, dan “por buenas las ocupaciones, dejando sin protección a los pequeños propietarios y dejándolos al mismo nivel que los fondos buitre”.
“Nosotros queremos que haya acuerdo. Por nosotros no quedará, estamos dispuestos a continuar hablando hasta el final para encontrar un texto que dé respuesta a los problemas reales de vivienda”, añaden las fuentes de Junts consultadas por este diario, que agregan que en un primer momento parecía que el pacto estaba próximo. “Aún estamos a tiempo”, concluyen los posconvergentes, que reclaman al Gobierno de Sánchez que rectifique.
Aunque la propuesta de la Moncloa recoge algunas demandas de JxCat, en la organización posconvergente consideran que no hay suficiente protección al propietario en caso de impago o cuando se suspende un desahucio. Además, no se ha incluido por ahora su pretensión de recuperar la desgravación de las cuotas hipotecarias, que ahora mismo solo benefician a aquellas personas que suscribieron sus préstamos antes del 2013.
Lo que sí ha aceptado el Gobierno es, entre otras medidas, aumentar las desgravaciones fiscales para los inquilinos en las zonas tensionadas, el incentivo fiscal a las cuentas de ahorro o la protección para las personas mayores de 65 años que venden su casa para ir a una residencia.

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Buen análisis, ayuda a entender el contexto de la noticia.
Se agradece el rigor y las fuentes contrastadas.
Excelente trabajo de la redacción, como siempre.