La inscripción en el censo electoral de una gran parte de los nacionalizados por la Ley de Nietos ha quedado suspendida porque el Tribunal Supremo resolvió, cautelarmente, que solo pueden quedar votar todos aquellos hijos o nietos de españoles que acrediten el exilio entre 1936 y 1955 -es provisional, queda pendiente el fondo del asunto-. Para esquivar esta decisión del Supremo, Sumar trata de incluir una reforma de la Ley de Nietos en una ley educativa que se está tramitando ahora en el Congreso, pero los servicios jurídicas de la Cámara han advertido que esa maniobra puede ser inconstitucional.
Así lo expone el informe al que ha tenido acceso La Vanguardia, donde los letrados del Congreso señalan dos cuestiones ante la enmienda presentada por Sumar. Por un lado, desde el punto de vista formal, avisan que se ha registrado “sin justificación alguna” y sus autores no explicaron qué tiene que ver una reforma sobre ratios, jornada lectiva y condiciones de los docentes con cambiar la Ley de Nietos, aprobada bajo el paraguas de la Ley de Memoria Democrática.
Por otro lado, desde el punto de vista constitucional, los letrados recuerdan la doctrina del Tribunal Constitucional sobre las enmiendas que carecen de conexión material con la ley que pretenden modificar y advierten de que ignorar esa exigencia de congruencia “podría vulnerar el derecho reconocido en el artículo 23 de la Constitución, en su vertiente del derecho de participación de los parlamentarios en el procedimiento legislativo”. En este sentido, es evidente que la reforma de la Ley de Nietos nada tiene que ver con la reforma educativa.
Los letrados apuntan a que la enmienda 23 choca con el artículo 23 Vulneración de la Constitución
El núcleo del asunto radica en que el Gobierno dictó una instrucción para aplicar la Ley de Nietos que ampliaba el número de beneficiarios para obtener la nacionalidad española. En este sentido, tanto PP como Vox han rechazado esta maniobra del Gobierno porque consideran que la instrucción está modificando una ley por la puerta de atrás. El Supremo paralizó la inscripción en el censo electoral para que, de momento, no puedan votar aquellos que no hayan acreditado el exilio político -con la instrucción, se permite también dar la nacionalidad a aquellos que se marcharan de España por razones económicas-.
En este sentido, fuentes del PP han reaccionado de inmediato al conocer el informe de los servicios jurídicos del Congreso y señalan que el propio intento de reforma de la Ley de Nietos es “una aceptación tácita de que la instrucción de Sofía Puente fue ilegal”, pero también recuerdan que Sumar “aseguró públicamente que aguardaría a conocer la opinión de los letrados” para decidir si seguía adelante con la enmienda.
“Ya la conoce: la argucia pergeñada por la muleta política de Sánchez es potencialmente anticonstitucional, tal y como revela el letrado en su informe”, señalan los populares. “Ahora PSOE y Sumar tienen que decidir qué hacen con el criterio jurídico que ellos mismos decían estar esperando, habida cuenta de que el informe concluye que la enmienda es incongruente con el objeto y la finalidad del proyecto educativo”, añaden. “El único trumpismo presente en esta artimañana legislativa, usando la propia jerga del Gobierno, es el del PSOE y sus comparsas”, zanjan en el PP.
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Buen análisis, ayuda a entender el contexto de la noticia.
Se agradece el rigor y las fuentes contrastadas.
Excelente trabajo de la redacción, como siempre.