Según los datos que maneja el Govern de la Generalitat, entre 24.000 y 30.000 empleados públicos y trabajadores de la administración catalana se jubilarán antes del año 2030, y probablemente lo harán habiendo dedicado gran parte de su carrera a las mismas labores. A esto se añade el problema que tuvo que afrontar el Ejecutivo de Salvador Illa cuando asumió el poder, cuando se vio ante el reto de tener que sustituir a cientos de directivos públicos por el mero hecho de haber cambiado el color político del Govern. La reforma de la administración que está llevando a cabo su gabinete, a través de la conselleria de Presidència que dirige Albert Dalmau, pretende poner solución a estos y otros problemas, y tras la tramitación de dos normas específicas, la ley de la ocupación pública y el anteproyecto de ley de la dirección pública profesional, ahora se acomete el tercer cambio: la reforma de la Escola de l'Administració Pública, para que se ocupe de captar el talento que requiere la administración, también en el ámbito de la dirección profesional.
El Govern de la Generalitat aprobará así, el próximo martes, el proyecto de ley de l'Escola de l'Administració Pública de Catalunya, con el objetivo de dar impulso a la profesionalización de las administraciones a través de la captación de nuevo talento, mejorar la formación, la acreditación de competencias, la investigación y la transferencia de conocimiento. Según el Ejecutivo catalán, esta reforma permitirá que la escuela de formación de los trabajadores públicos adquiera nuevas competencias para diseñar, implantar y actualizar los modelos de captación y selección de nuevos servidores públicos, pero bajo criterios que hasta ahora no se suelen dar.
El objetivo de esta reforma es que la formación evoluciones hacia sistemas de selección basadas en competencias y adaptadas a los nuevos retos, que la Escola favorezca el sentido de la movilidad de trabajadores entre administraciones, y que la entidad favorezca la promoción de políticas públicas basadas en la evidencia científica, para que las decisiones públicas se asienten en el conocimiento y los resultados de la investigación.
El propósito de la nueva Escola debe ser, sobre todo, la captación de talento y para el Govern es importante atraer la “libre concurrencia” a la Administración pública, por tanto que se pueda atraer a funcionarios de otras administraciones del Estado así como a perfiles del ámbito privado siempre que tengan vocación pública y se adecúen sus capacidades a la nueva ocupación. La Escola tendrá un papel fundamental a la hora de corroborar esa idoneidad.
En el ámbito de la dirección pública esta captación de talento es fundamental y la escuela tendrá competencias para definir, desarrollar y acreditar el marco curricular, funcional y competencial necesario para cada caso.
La nueva norma del Govern otorga a este ente formativo un nuevo modelo de gobernanza para desarrollar toda esta labor. Un consejo rector se convertirá en el máximo órgano de gobierno, pero también incorporará representantes de las diputaciones provinciales, miembros independientes, y también se creará un consejo asesor que se encargará de orientar las estrategias sectoriales, la mejora de procedimientos y la calidad de las actividades de la Escola.
El conseller de Presidència resume la nueva misión de la Escola en la necesidad de asumir “los procesos selectivos y de acompañar la formación directiva” para una “mayor profesionalización”. La norma que aprobará el Ejecutivo catalán deberá seguir un largo trámite parlamentario donde el Govern está dispuesto a acoger las aportaciones de los grupos, a pesar de que en la elaboración de su propuesta ya ha recogido el 75% de las observaciones y aportaciones formuladas. El conseller calcula que el periodo de tramitación puede hacer que la norma no se apruebe definitivamente hasta dentro de un año.
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Buen análisis, ayuda a entender el contexto de la noticia.
Se agradece el rigor y las fuentes contrastadas.
Excelente trabajo de la redacción, como siempre.