Si el Gobierno ya no se halla en condiciones de asegurar la aprobación de un decreto de urgencia para evitar el desahucio de inquilinos en situación de alta vulnerabilidad, quizá lo mejor que pude hacer es convocar elecciones para que la sociedad española tome la palabra y decida sobre el futuro del país.
Son muchos y trascendentales los dilemas que plantearía la celebración de elecciones generales anricipadas en España y todos ellos están vinculados a la época. Está en juego en estos momentos todo el mapa político europeo. Unas elecciones generales en España en noviembre serían un acontecimiento de gran repercusión internacional.
Digámoslo todo: serían unas elecciones con posible intervención de agentes políticos internacionales, como está ocurriendo de manera regular en todos los países del mundo con cierta relevancia. Estados Unidos acaba de cerrar su embajada en Brasil como medida de presión en las elecciones presidenciales y legislativas que se van a celebrar este próximo fin de semana en el país más grande de Sudamérica.
La legislatura comenzó con grandes manifestaciones contra el pacto de la amnistía y concluye con la amnistía sin manifestaciones. Concluye con el tenaz recorrido trazado por el presidente del Tribunal Constitucional, Cándido Conde- Pumpido. Concluye, tengámoslo claro, con la victoria jurídica de Conde-Pumpido sobre Manuel Marchena, presidente de la Sala Segunda del Tribunal Supremo durante los hechos de octubre del 2017, príncipe de la magistratura conservadora.
Conde-Pumpido, entonces magistrado del Constitucional, dotó al TC de instrumentos ejecutivos y coercitivos para impedir la materialización del procés. Cuando tuvo lugar el referéndum del 1 de octubre del 2017, al que la errónea intervención de los agentes antidisturbios de la Policía y la Guardia Civil dieron gran realce internacional en todas las televisiones del mundo, ya había sido desactivada la sindicatura electoral que debía validar sus resultados. A finales de octubre se proclamó una independencia ficticia, que no fue publicada en ningún boletín oficial, sin que fuese arriada ninguna bandera. No pasó nada después de la votación. Delito de desobediencia podía haber sido el marco final de aquel episodio.
Pero hay una España que no sabe vivir sin grandes dramas, así en Barcelona como en el norte de África. Se quiso escalar a delito de rebelión, enviar gente a la cárcel, e ir a una sentencia ejemplar para cincuenta años de escarmiento. Dos ideas sobre la coexistencia política y civil en España.
Con la aplicación de la amnistía a la figura més señera del procés acaba triunfando la idea de España más integradora. Y es bueno para el país que sea así. Es especialmente positivo que sea así, ante todo lo que viene por otros flancos. La amnistía significa todos dentro -lo he escrito varias veces en los últimos años-, pero ello no quiere decir “todos dentro del centroizquierda’, o “todos aliados del PSOE”.
Todos dentro significa que todas las fuerzas políticas y sociales más representativas del país están dentro del juego político e institucional, sin exclusiones, sin marginaciones, sin autoexclusiones, sin exilios rigurosos, sin exilios inflados.
Todos dentro, defendiendo sus ideas y sus intereses. Ese todos dentro no ha sido la tónica dominante de España desde la aprobación de la Constitución liberal de 1812, para tomar un punto de referencia. Sabemos que no ha sido así. Hoy España es un país sin violencia política en el que todas las fuerzas políticas relevantes están dentro del juego parlamentario. ¿Un país sin violencia política? Ojo al creciente goteo de incidentes violentos de baja intensidad por razones de rivalidad política, extranjería o identidad sexual.
Todos dentro significa defensa descarnada de ideas e intereses. Junts nos acaba de decir que no piensa formar parte de una coalición de centroizquierda para salvar al PSOE del fenomenal trompazo de Ceuta con una batería de decretos sobre el alquiler de la vivienda que ayuden a situar el debate de final de curso en otro punto del universo. Se han negado a ello.
Tiene en estos momentos otros intereses, el primero de ellos, salvarse del naufragio en la Catalunya interior, donde Convergència Democrática de Catalunya jamás había perdido apoyo social desde 1977. Junts está teniendo dificultades en ese mapa electoral que en buena medida presenta el perímetro geográfico de la antigua Catalunya carlista, la que se aferró a la tradición, a la religión, a la familia y a la tierra, frente a los soldados liberales que hacían tiro al blanco con la paloma del Espíritu Santo en la iglesia de Sant Esteve de Olot.
Todos dentro significa que cada uno defiende sus intereses. Junts acaba de declarar los suyos, aunque la diputada Míriam Nogueras tenga poca habilidad para expresarse en público, con esa extraña querencia por la antipatía. Curiosa moda.
Junts quiere defender en términos políticos y simbólicos el apego de buena parte de sus votantes a la pequeña propiedad. No es difícil imaginar el por qué. Aunque el primer decreto no supusiese ningún riesgo real para esa pequeña propiedad que tiene uno o dos pisos con inquilinos, esta es hoy la música dominante en el debate público.
El Partido Nacionalista Vasco presenta una problemática similar pero ha sorteado el asunto de otra manera, poque su principal competidor electoral se llama Bildu y se halla ubicado nominalmente a su izquierda.
El principal competidor electoral de Junts se halla hoy a su derecha. Es un competidor extraño y fiero. Sólo existe en las encuestas y se expresa con voz gótica desde una ciudad románica, Ripoll, cuna de la antigua Catalunya carolingia. La señora Sílvia Orriols es la voz del mundo de antes que clama venganza y conecta la lengua catalana con la oleada reaccionaria que recorre toda Europa, con posibilidades de éxito, lo cual supondría el desguace de la actual Unión Europea.
Entre carolingios anda el juego. El apodo (nickname) de Carles Puigdemont en las redes sociales es KRLS, el acrónimo que utilizaba el emperador Carlomagno. Sílvia Orriols es hoy la Fata Morgana del arco Pirenaico. Junts no ha querido irritar la piel de los votantes que dudan entre KRLS y Morgana. Ha actuado de manera manifiesta en favor de sus intentereses y también de los grandes intereses, es decir, los grandes tenedores de vivienda, los fondos de inversión, la banca.
Atención a ese punto. La complicidad manifiesta con los poderes económicos es hoy muy ofensiva para la izquierda urbana. Permite al diputado Gabriel Rufián subir a la tribuna del Congreso, mostrar un billete y decir que esa es la verdadera bandera de Junts. Pero no todo el mundo lo ve de igual manera.
La fuerza política de Jordi Pujol consistió durante años en dibujar un arco que conectaba los intereses pequeños de sus electores con los intereses grandes. Pujol viajaba constantemente por el país, se interesaba por la vida de la gente, tenía una prodigiosa memoria gracias a la cual podía recordar apellidos y circunstancias, y al cabo de dos días aparecía negociando con Felipe González, con José María Aznar, o departiendo con Helmut Kohl.
Eso es irrepetible, pero en Junts saben que una imagen de proximidad al poder económico no ahuyenta en estos momentos a los votantes que le quedan. Al contrario, si Junts ha decidido confrontarse con Aliança Catalana en las próximas elecciones municipales catalanas -las elecciones que más le importan en estos momentos-, aparecer como un partido próximo al sistema no les perjudica, al contrario, les puede dar fuerza en la Catalunya interior. Eso sí, que se olviden de la ciudad de Barcelona. Se van a hundir en Barcelona.
Se equivocan quienes creen que Junts ha provocado una importante derrota parlamentaria del Gobierno Sánchez, quizá la derrota definitiva, porque ya ha sido abducida por AC, ese partido que no sabemos exactamente a dónde llegará porque en estos momentos es una construcción demoscópica.
Puigdemont regresará a Catalunya pudiendo decir que no ha sido esclavizado por los socialistas, que Junts sigue siendo el partido de la propiedad en Catalunya y que un partido influyente siempre ha de dialogar con los poderes fuertes. Este es el planteamiento. Veremos cuáles son los resultados. En ningún lugar estaba escrito que Junts iba a conceder al PSOE un certificado de eterna coalición de centroizquierda.
El fracaso de los decretos, sin embargo, también ofrece al Gobierno la posibilidad de apelar a las urnas sin tener que convocar elecciones con la cabeza gacha. Ahora tiene un buen argumento. Sánchez calibrará estos días el alcance de la protesta social por la adversa votación del viernes y tomará una decisión.
Sólo me queda una duda: ¿es prudente adelantar elecciones en España, modificar la cadencia del calendario electoral europeo, sin esperar a conocer los resultados de las elecciones de medio mandato en Estados Unidos?
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Buen análisis, ayuda a entender el contexto de la noticia.
Se agradece el rigor y las fuentes contrastadas.
Excelente trabajo de la redacción, como siempre.