Masiva manifestación por la vivienda en Madrid

La lluvia ha terminado respetando el pulso de la calle en Madrid. Tras una madrugada de aguaceros intermitentes que amenazaban con deslucir la convocatoria, el mediodía ha dado paso en la capital a un cielo plomizo y triste, un día gris de otoño en el que, sin embargo, los ánimos no han decaído lo más mínimo. Al contrario. La crisis del acceso a la vivienda, convertida ya en una herida social abierta, ha sacado de sus casas a cientos de miles de ciudadanos en una de las movilizaciones más masivas de los últimos meses. Tras dos horas de marcha, las cuatro columnas que han atravesado la ciudad desde sus cuatro puntos cardinales han concluido ya su recorrido, dejando una imagen rotunda: la de la plaza de Cibeles, y todas sus arterias aledañas, abarrotadas bajo un único clamor que exige soluciones inmediatas.

El balance de asistencia refleja la magnitud del malestar. 70.000 para la Delegación del Gobierno y 500.000 para el Sindicato de Inquilinas. Una diferencia grande, pero más pequeña que la que suele haber en las grandes movilizaciones en la capital. La protesta madrileña, que ha discurrido sin incidentes de gravedad, se erige así en el epicentro de un fin de semana de indignación estatal convocado por la Confederación de Sindicatos de Inquilinas, con acciones en más de cuarenta ciudades del país.

Sobre el asfalto del paseo del Prado y la Castellana se ha abierto paso una marea humana heterogénea que desbarataba cualquier cliché sobre la apatía generacional. Grupos de jóvenes universitarios han compartido pancartas con familias acompañadas de niños pequeños en carrito y nutridos bloques de pensionistas. “La acampada es para los jóvenes, pero nosotros por lo menos debemos colaborar apoyándolos en estas concentraciones”, comentaba un matrimonio de jubilados mientras la marcha avanzaba hacia la altura de las Cortes. “Es una situación profundamente injusta para varias generaciones enteras. Les dejan sin salida, sin futuro. Es una indecencia”.

Por su parte, el Sindicato de Inquilinas de Cádiz ha anunciado este sábado que trabajará para impulsar una huelga general a nivel nacional tras la manifestación celebrada en la capital gaditana en defensa del derecho a la vivienda, que, según los organizadores, ha reunido a unas 10.000 personas. La organización ha calificado la jornada de “absolutamente desbordada” y “entusiasmada”, aunque ha reconocido una “sensación agridulce” ante la situación del acceso a la vivienda. 

“Nos hemos concentrado 10.000 personas para luchar por la vivienda en Cádiz”, ha señalado la portavoz, quien ha asegurado que la movilización ha servido para demostrar que van a “mandar al tajo el rentismo” y que “las casas van a volver a ser para vivir”.

A lo largo del recorrido se han desplegado pancartas y consignas de todo tipo, oscilando entre las proclamas ecologistas y la defensa del tejido vecinal: “Casas para vivir, un planeta que habitar” o “Casas para las familias, ciudades para los vecinos, vida libre de buitres”. Sin embargo, el grueso de las dianas políticas apuntaba de forma directa a la Real Casa de Correos y al Palacio de Cibeles. Gran parte de las soflamas tenían como destinatarios a la presidenta autonómica, Isabel Díaz Ayuso, y al alcalde de la capital, José Luis Martínez Almeida, por su rotunda negativa a aplicar la Ley de Vivienda estatal para topar los precios del alquiler y por ufanarse de no intervenir el mercado pese a la escalada descontrolada que ahoga a los arrendatarios de la ciudad.

La movilización venía cogiendo vuelo durante toda la semana, pero el detonante definitivo se vivió este viernes en el Congreso de los Diputados. El rechazo conjunto del Partido Popular, Vox y Junts a los decretos de vivienda impulsados por el Ejecutivo de coalición —redactados de urgencia tras el traumático desahucio de Maricarmen, la anciana desalojada por un fondo de inversión que se ha convertido en el doloroso símbolo del movimiento social— terminó por encender la mecha.

A pesar del duro revés parlamentario, que ha abierto incluso una reflexión interna en Moncloa sobre la idoneidad de un adelanto electoral, los socios del Gobierno optaron hoy por congelar sus agendas oficiales, cedió el protagonismo absoluto a las plataformas de inquilinos y colectivos de barrio que han liderado una jornada histórica en las calles de la capital.

Las protestas por la crisis de la vivienda se extienden a otras ciudades

En València, la protesta convocada por cuatro colectivos ha acabado con incidentes ante el Palau de les Arts, donde se celebra el Valencia Real Estate Summit 2026. Varios manifestantes han derribado las vallas del cordón policial y han accedido a la terraza de la primera planta del edificio.

La Policía ha respondido con pelotas de goma, botes de humo y cargas para desalojar a los asistentes, que posteriormente han iniciado una sentada en los accesos al recinto. Cientos de personas permanecían en la zona mostrando llaves y coreando consignas en defensa del derecho a la vivienda.

En Santander, entre 2.000 personas, según la Delegación del Gobierno, y 5.000, según la organización, se han manifestado desde la Delegación del Gobierno hasta la Consejería de Vivienda y la Plaza Porticada. La marcha, convocada por el Sindicato de Vivienda de Cantabria, ha concluido sin altercados. Los participantes han reclamado una huelga general y han cargado contra rentistas, inversores y las administraciones. El movimiento ciudadano de la Plaza Porticada ha confirmado, además, que mantendrá la acampada instalada en ese espacio, donde ya hay más de 40 tiendas de campaña.

En Catalunya, las entidades convocantes de la manifestación a favor de la vivienda prevista para esta tarde en Barcelona y L'Hospitalet de Llobregat han decidido suspender la protesta debido a las adversas condiciones meteorológicas. Ante las fuertes lluvias que se esperan para esta tarde en el litoral de Barcelona, el Sindicat de Llogateres ha asegurado en un mensaje en sus redes sociales que cambian la fecha de la manifestación al próximo 5 de octubre, que tendrá lugar en la plaza Urquinaona de Barcelona.