La convocatoria electoral anticipada para el 29 de noviembre, anunciada este lunes por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, dejará asuntos como la reforma del modelo de financiación o la condonación de una parte de la deuda de las comunidades con el Fondo de Liquidez Autonómica (FLA) en papel mojado.
Al disolverse las Cortes Generales, los proyectos de ley y las iniciativas que se tramitan en el Congreso de los Diputados decaen, de tal manera que si hubiere voluntad de reimpulsarlos en la próxima legislatura habrá que empezar su tramitación de cero. Eso sucede tanto con los proyectos del Ejecutivo como con los que llevan los grupos parlamentarios.
Más allá de esas dos cuestiones, que estaban previstas para los próximos meses y tienen especial incidencia en Catalunya, también se quedarán por el camino otros proyectos que impulsó el Gobierno central y que aún no han sido aprobados de manera definitiva. Es el caso, por ejemplo, de la normativa para prohibir el acceso de los menores a las redes sociales, la regulación de la Inteligencia Artificial o la reforma del sistema judicial para que sean los fiscales y no los jueces los que instruyan las causas.
Que la reforma del sistema de financiación decaiga es especialmente significativo para Catalunya. Partía de un acuerdo entre los socialistas y Esquerra Republicana -como la quita de la deuda de las comunidades con el FLA- y, aunque no tenía los apoyos garantizados, para el Govern de la Generalitat era uno de los hitos más importante en este segundo tramo de la legislatura catalana.
JxCat había anunciado una enmienda a la totalidad con texto alternativo que permitía que siguiera viva en el Congreso y que las reformas legales pertinentes hubieran derivado en una negociación política de resultado incierto que ya no se producirá.
El Govern había situado el nuevo sistema de financiación como la asignatura pendiente para el segundo tramo de la legislatura catalana
El conseller de la Presidència, Albert Dalmau, afirmó hace dos semanas, durante una conferencia en El Vendrell para hacer balance de la mitad del mandato que el Ejecutivo catalán tiene por delante “retos de fondo” como vivienda, seguridad o energías renovables, y situó el nuevo modelo de financiación como la gran asignatura pendiente que tiene el Govern sobre la mesa, un asunto que ha calificado como una gran oportunidad.
En la misma línea se pronunció la titular de Economia i Finances, Alícia Romero, en otra conferencia en Mataró. “Los recursos tienen que llegar en forma de soluciones”, dijo la consellera sobre un sistema que en teoría hubiera aportado a Catalunya otros 4.700 millones de euros.
Además, en la ley para condonar el FLA, ERC había pactado con el PSOE y Sumar una enmienda en la que se habilitaba que Catalunya asuma la mayoría de la gobernanza del Consorci de la Zona Franca de Barcelona, otro aspecto que quedará en agua de borrajas y que se anunció el viernes pasado a primera hora, cuando ya estaba sobre la mesa y en boca de todos la posibilidad del anticipo electoral.
Paradójicamente, lo que sí puede salir adelante son los decretos de vivienda que derogó la Cámara Baja el viernes pasado con la oposición de PP, Vox y Junts, en uno de ellos, y de esos mismos partidos y el PNV en el segundo. En cualquier caso, si el Consejo de Ministros vuelve a aprobar los decretos con las Cortes disueltas, será la diputación permanente del Congreso la que daba convalidarlos y en ese órgano los siete votos de Junts no son imprescindibles para aprobar las iniciativas del Ejecutivo, con que el PNV reafirme su voto positivo de la semana pasada bastaría.
En el ámbito económico, hay algunas leyes que encallan en el Congreso y bastante incertidumbre en torno a varios reales decretos, a los que sí podrían dar curso los ministerios si llegan a tiempo. La norma económica más destacada es la ley de Presupuestos Generales del Estado, que no ha llegado a presentarse en el plazo previsto, antes del 30 de septiembre.
Las leyes que no aprobará el Congreso: de los Presupuestos a la creación de la autoridad de defensa del cliente financiero
El Ministerio de Economía no podrá sacar adelante en el Congreso seis normas en las que ha trabajado en profundidad,entre ellas la creación de la autoridad de defensa del cliente financiero, la ley de información empresarial sobre sostenibilidad, la de administradores de créditos, la de crédito al consumo, la de prevención de blanqueo de capitales y la actualiza los umbrales de tamaño empresarial.
Hay en cambio un proyecto de real decreto sobre el control de inversiones extranjeras que podría prosperar, pese a encontrarse en audiencia pública hasta mediados de octubre. Allí se amplía el escudo antiopas y se incluyen los centros de datos entre los activos sujetos a protección.
El escudo antiopas o el decreto de centros de datos podrían salir adelante
También hay dudas sobre otras normas. Transición Ecológica está trabajando en el decreto de los centros de datos, que se está tramitando de urgencia con el objetivo de sacarlo adelante en octubre y que está pendiente entre otras cosas de un informe de la CNMC. Bastaría con el visto bueno del Consejo de Ministros, como ocurre también con el nuevo mecanismo de capacidad del sistema eléctrico.
Ya no saldrá adelante el anteproyecto de ley del hidrógeno y los gases renovables, también varado en el Congreso, pero puede haber una oportunidad para la nueva planificación energética. Aunque tenga que pasar también por el Congreso, los técnicos del Gobierno consideran que es materia para la la diputación permanente. Los reales decretos de autoconsumo y de comunidades energéticas tienen opciones.
Encallan la ley de industria, de IA o de servicios digitales, incluido el reglamento sobre medios de comunicación
El Congreso se encontraba también tramitando tres normas de Transformación Digital que no verá la luz. Son la ley de IA, la ley de función pública y la ley de servicios digitales, incluido el reglamento sobre medios de comunicación.
También encalla la ley de industria y autonomía estratégica, que iba a servir para proteger empresas y empleo en uno de los sectores más amenazados. Es la norma que queda pendiente dentro de las que ha elaborado el Ministerio de Industria, que en cambio ha logrado completar los Perte con fondos europeos y poner en marcha las ayudas a la compra de vehículos a través del Plan Auto Plus.
El Plan IA360 queda en el aire pocos días después de presentarse
Sin llegar al Congreso, queda en pausa el plan IA360 presentado hace unos días por Pedro Sánchez, en el que se contemplan un bono empresarial de 600 millones, el lanzamiento de una ley de Scale-ups y un presupuesto de 300 millones para crear un gran escudo de ciberseguridad.
Entre los expedientes del Ministerio de Trabajo, el adelanto electoral puede afectar a la actualización del SMI o al endurecimiento del registro horario.
Hay también otros proyectos de ley con un importante componente económico, como la ley de integridad pública. Fue un movimiento del Gobierno tras los casos judiciales de corrupción, pero incluye la recuperación de los recursos públicos detraídos por empresas o personas que realicen actuaciones corruptas.
Ver comentarios 3
Buen análisis, ayuda a entender el contexto de la noticia.
Se agradece el rigor y las fuentes contrastadas.
Excelente trabajo de la redacción, como siempre.