Los ancianos estafados por una trama de abogados y un notario podrán recuperar sus pisos o el valor de los inmuebles

La Audiencia de Barcelona ordena que los 128 inmuebles que fueron arrebatados a personas mayores por una trama de abogados y notarios sean devueltos a sus propietarios o, en su defecto, se les abone el valor del piso. Así lo establece la sentencia dictada por la Sección Décima, a la que ha tenido acceso La Vanguardia, y que detalla en 559 páginas cómo deben ser restituidas las propiedades a las personas afectadas.

Los hechos ocurrieron entre 2009 y 2015, cuando un grupo de abogados y notarios se aprovechó de la falta de conocimientos financieros de las personas mayores para hacerles creer que firmaban una hipoteca inversa o un usufructo vitalicio con el objetivo de complementar su pensión, cuando en realidad estaban vendiendo su vivienda a un precio muy inferior al de mercado. Desde que se detectaron los primeros casos de esta estafa han pasado diecisiete años en los que los propietarios no han podido recuperar sus viviendas. La justicia ha tardado tanto que algunos de los perjudicados han fallecido y han sido sus hijos quienes han continuado la lucha judicial en su nombre, que ahora concluye con esta sentencia, si bien puede ser recurrida.

En los supuestos en los que el piso haya acabado en manos de terceros de buena fe serán los acusados los que deberán abonar el valor del inmueble

El tribunal contempla tres escenarios para el retorno de los inmuebles. En el supuesto de que los acusados todavía dispongan del inmueble, ordena que sea devuelto a sus legítimos propietarios y que, al mismo tiempo, se les abone una indemnización por los daños y perjuicios causados por la imposibilidad de disponer del piso. “Los perjudicados transmitieron sus bienes a los acusados fruto del ardid engañoso que constituye el delito de estafa y tal pérdida ha de ser restaurada”, remarca el tribunal. Y precisa que “en los supuestos en que los bienes se encuentren en poder de los acusados o de alguna de las sociedades instrumentales de la actividad delictiva controladas por ellos, tal restitución (…) puede hacerse mediante la puesta a disposición de los bienes”, explica la sala.

Otro escenario contempla que la trama haya vendido el piso a un tercero de buena fe que lo adquirió sin saber que procedía de una estafa. En este caso, el tribunal ordena abonar a los afectados el valor del inmueble con los intereses de demora. “Cuando la nulidad del negocio jurídico no permite la recuperación material o jurídica del bien, este debe restituirse mediante el pago de su valor”. Añade que la cantidad a abonar “será el valor que tenía en el momento en que salió del patrimonio de la víctima”.

Por último, existe un tercer escenario en el que los inmuebles siguen en manos de los acusados, pero con nuevas cargas, ya sean deudas o hipotecas. El tribunal ordena devolver el piso a los afectados y que los acusados asuman el pago de dichas cargas. Además, la justicia ordena la disolución de todas las sociedades que utilizaron los acusados para cometer el fraude.

El juicio penal se saldó con condenas mínimas para los acusados tras alcanzar un pacto de conformidad con las acusaciones y comprometerse a devolver las propiedades obtenidas mediante engaño. Francisco Comitre, abogado y líder de la trama, aceptó una pena de cuatro años y siete meses de prisión y el notario Enrique Peña, condenado como cooperador necesario, una pena de tres años y dos meses. Los acusados se comprometieron a devolver las propiedades y, en caso de no disponer de bienes o dinero suficiente, serían las compañías aseguradoras las que responderían en su nombre. El juicio se zanjó por la vía rápida pero se celebró la vista para determinar las cantidades de responsabilidad civil.

Según la sentencia, “el propósito económico fraudulento que guiaba la actuación de los citados acusados era el de apoderarse definitivamente de la plena propiedad de los inmuebles de sus clientes sin abonar contraprestación económica alguna o abonando una cantidad muy inferior al valor de mercado”.

Las compañías aseguradoras deberán abonar el valor de los inmuebles en caso de que los acusados no puedan responder. El tribunal considera que las pólizas de responsabilidad civil deben aplicarse, ya que los abogados y notarios cometieron el delito en el marco de su ejercicio profesional. “Los delitos fueron cometidos, entre otras cuestiones, debido a que las víctimas depositaron su confianza en su ejercicio profesional como abogado y como notario, y los asegurados no cumplieron (…) el estándar mínimo que les correspondía”.