La comisaria de Igualdad, Hadja Lahbib, explicó ayer en una rueda de prensa en Bruselas el testimonio de una víctima de las conocidas como terapias de conversión sexual, encaminadas a cambiar la orientación sexual de la persona. “Una historia de vergüenza, de maltrato y de aislamiento. Escuchamos otras historias espantosas. Historias de medicación forzada. Maltrato verbal y físico. Descargas eléctricas, aislamiento. Acoso, acoso psicológico, abuso sexual y violación. Y a todo esto se le llamaba “terapia”.
La Comisión Europea ha asumido el debate. Ayer decidió que recomendará a los Estados miembros prohibir estas prácticas contra el colectivo LGTBIQ+ todavía vigentes y que siguen practicándose con especial intensidad en varios países de la Unión Europea. Bruselas da así respuesta a una iniciativa ciudadana europea, pero evita legislar al respecto y deja en manos de cada país la decisión. La recomendación, con todo, no será inmediata, sino que llegará en 2027.
Hay ocho países de la UE que han prohibido estas “terapias”: Bélgica, Alemania, Grecia, España, Francia, Chipre, Malta y Portugal. Sin embargo, “estas prácticas no desaparecen con la prohibición”, explica a La Vanguardia Matteo Garguilo, representante de la iniciativa Against Conversion Therapies (ACT), a la que ayer contestó la Comisión Europea. Así lo muestran también los datos de ILGA-Europe, la federación que agrupa a más de 2.000 asociaciones de la comunidad LGTBI en toda Europa.
Grecia es el país con más prevalencia; le siguen Eslovaquia, Estonia, República Checa y Chipre
Según una encuesta de la federación, Grecia –uno de los países que ha legislado en contra de las mismas– es el país con mayor prevalencia de este tipo de prácticas, un 38% de las personas LGTBI las han sufrido. Le siguen Eslovaquia (37%), Estonia (37%), República Checa (37%) y Chipre (37%), también entre el listado de países del que la Comisión Europea escuchará buenas prácticas antes de emitir su recomendación el próximo año. En el lado contrario, donde menos prevalencia hay, están Francia (18%), Italia (18%) y Países Bajos (18%). España (21%) también está por debajo de la media (24%).
Según explica Garguilo hay tres tipos de prácticas: están las de carácter religioso, “en las que el hecho de ser gay es visto como el resultado de una mala influencia que se puede curar”; también existen las de carácter médico o pseudomédico, donde se llevan a cabo desde tratamientos psicológicos hasta la inyección de estrógenos o testosterona; y por último, las de carácter social, en las que son “miembros del círculo más cercano, los que intentan “convertirte” en heterosexual”.
Desde la asociación que ha impulsado la iniciativa ciudadana añaden que hay casos de exorcismos en Francia. En España, el año pasado el Arzobispado de Valencia suspendió a un centro de orientación familiar por llevar a cabo supuestas prácticas para la conversión de personas LGTBI. El ex obispo de Solsona, Xavier Novell, también las impulsó antes de dejar los hábitos.
La respuesta de Bruselas “se queda corta”, aseguran desde la ACT. Su propuesta contaba con el apoyo de 1,2 millones de ciudadanos europeos e instaba a proponer una directiva que incluyese las terapias de conversión en la lista de delitos europeos o que actualizase la normativa sobre igualdad. Entre los eurodiputados ha habido reacciones variadas.
La copresidenta del grupo de La Izquierda Manon Aubry ha contestado a una publicación de la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, y ha dicho que debería sentirse “avergonzada” por desestimar la iniciativa ciudadana. Mélissa Camara, eurodiputada de Los Verdes, lo considera “un paso en la buena dirección” y en la misma línea se expresa Rosa Estaràs, miembro del Partido Popular y del Intergrupo sobre LGBTIQ+ de la Eurocámara. Estaràs considera que “la recomendación está muy bien” y descarta que se incluyese en la directiva antidiscriminación como proponía la iniciativa ciudadana: “Habría sido un proceso más largo”.
El Parlamento Europeo respaldó esta iniciativa en abril de este mismo año y mandó una señal política a la CE. Pero el ejecutivo comunitario ha optado por una recomendación porque “para adoptar una legislación vinculante habría sido necesaria la unanimidad. [...] en lugar de iniciar un debate muy largo que duraría 10, 15 o 18 años, optamos por esa recomendación”, ha justificado la comisaria Lahbib.
La opinión del gobierno de Ursula von der Leyen llega en la semana en la que se celebra el día contra la lgtbfobia, el próximo 17 de mayo. “Las prácticas de conversión se basan en la idea errónea de que las personas LGBTIQ+ están enfermas. Estas intervenciones perjudiciales pueden provocar daños psicológicos y físicos duraderos”, afirman desde la Comisión y, por ello, consideran que “no tienen cabida” en la Unión Europea.
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Buen análisis, ayuda a entender el contexto de la noticia.
Se agradece el rigor y las fuentes contrastadas.
Excelente trabajo de la redacción, como siempre.