La tragedia de El Bocal y la consecuencia de no hacer nada

El pasado 3 de marzo, la rotura de la pasarela de El Bocal, en la senda costera de Santander, sesgó la vida de Lucía San Martín, Xabier Bayón, Celia Lage, Eunate Hervas y Lluna Vallejo y Elena Sirbu. Ninguno de ellos tenía más de 22 años. Dos años antes de que nacieran, en 2002, la reforma, mejora y mantenimiento del paraje de El Bocal en el que perdieron la vida ya era objeto de debate político y arma arrojadiza entre administraciones. Y pese a las seis muertes lo sigue siendo: en la pesquisa judicial abierta tras el derrumbe, los investigados derivan la responsabilidad a otro, ya sea Costas al Ayuntamiento, el Ayuntamiento al 112, el 112 a la Policía Local y la Policía Local al Cuerpo de Bomberos.

Hoy, la senda costera que transcurre desde el faro de Cabo Mayor a la ermita de la Virgen del Mar, en la Costa Quebrada de la capital cántabra, está abierta al público, excepto en las tres pasarelas de madera que contiene, cerradas al tránsito por el Ayuntamiento tras el suceso. Las pasarelas, que estuvieron sin mantenimiento durante casi una década, con excepción de una inspección menor en 2024, se instalaron en la reforma de la zona de 2014, adjudicada a Dragados por menos de un millón de euros y que es el foco del debate judicial.

La historia administrativa del lugar donde murieron los seis jóvenes comenzó en el verano de 2002 con un estudio para su diseño iniciado por la Demarcación de Costas de Cantabria. Este organismo, dependiente del Estado, estaba dirigido entonces, y hasta 2023, por José Antonio Osorio, que se mantuvo en el cargo a pesar de los diferentes cambios de signo político del Gobierno central.

En aquel entonces, el grupo socialista del Ayuntamiento de Santander tenía claro la competencia estatal en la zona. En un escrito remitido el 29 de octubre de 2002 a la Demarcación de Costas dirigida por Osorio y firmado por los entonces portavoz y concejal del PSOE en el Consistorio Juan José Sota y Fernando Pérez, ambos señalan que “la Demarcación de Costas es el organismo de la Administración del Estado competente para todo lo que concierne a los límites costeros”. Sin que haya mediado cambio legal al respecto, la actual portavoz del PSOE de Cantabria, Ainoa Quiñones, pidió el pasado mes de marzo la dimisión de la alcaldesa de Santander, la popular Gema Igual, argumentando que “la responsabilidad sobre el mantenimiento de la senda costera de la pasarela de El Bocal y del conjunto de las pasarelas que hay en esa senda (...) es de la alcaldesa de la ciudad”.

Este desacuerdo, puesto en evidencia tras la muerte de los seis jóvenes, es central en la desatención del entorno de El Bocal. Porque aún no se ha dirimido si el cuidado de esa senda costera, y la pasarela donde ocurrió la tragedia, es competencia del Estado o del Ayuntamiento.

El Ayuntamiento de Santander firmó en 2004 un acuerdo para que el Consistorio asumiera el mantenimiento de la senda costera una vez las obras de reforma finalizaran. El acuerdo llevaba la firma de Íñigo de la Serna, entonces concejal de Medio Ambiente, después alcalde de Santander y finalmente, ministro de Fomento entre 2016 y 2018 con Mariano Rajoy. No obstante el acuerdo, las obras no comenzaron hasta 2013 y quedaron detenidas en 2014 por las protestas ciudadanas, muy particularmente de la Asociación de Defensa de la Senda Costera (ADSC), ante la actuación que se estaba llevando a cabo. Tanto Costas como el Consistorio —ambas dependientes del PP en la fecha— estuvieron de acuerdo en paralizar la reforma.

La ASDC encontró un fuerte apoyo en el PSOE de la capital cántabra, que se sumó a su causa. En un escrito de ese año con el sello del grupo socialista se trasladaron al Ayuntamiento en forma de moción las quejas de la asociación. El documento recoge la siguiente literalidad: “[en la reforma de la senda] se están construyendo puentes y pasarelas en zonas expuestas a la fuerza del mar que convierten ahora en peligrosa una senda que no lo era”. Una de esas pasarelas era la de El Bocal.

En consecuencia, a primeros de 2015 la obra quedó detenida. Se había ejecutado el 65% del presupuesto. Y tan pronto se detuvo, comenzó la desidia administrativa. El acuerdo de 2004 trasladaba de Costas —del Estado— al Ayuntamiento la responsabilidad del mantenimiento de la senda una vez terminada la obra. Pero no especificaba qué sucedía si la reforma quedaba a medio hacer.

“Sabíamos que las cosas no se estaban haciendo bien, pero no que se habían hecho tan mal”, lamentan desde la Asociación de Defensa de la Senda Costera

Las quejas contra la actuación del Gobierno, a través de Costas, en la zona llegaron al Congreso de los Diputados a través de la exalcaldesa de Santoña y diputada del PSOE en la X legislatura (2011-15) Puerto Gallego, que llegó a formular hasta 10 preguntas escritas al Ejecutivo. El 1 de junio de 2015, en una de esas respuestas, el Gobierno señalaba que la paralización de las obras “se debió a la constancia de que una parte de la población manifestaba que la actuación realizada tenía un impacto paisajístico sobre el medio”. La reforma quedaba así en “suspensión temporal”, indica la respuesta del Ejecutivo. En 2016, Puerto Gallego fue imputada por prevaricación y fraccionamiento de contratos entre 2003 y 2009 en Santoña, por lo que fue condenada, pena que aceptó en 2024.

También en 2016 se presentó un nuevo proyecto de reforma de la zona. Fue el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, comandado por Isabel García Tejerina, quien presentó y aprobó, en agosto de ese año, un proyecto para la finalización de la senda peatonal entre el Faro de Cabo Mayor y la Virgen del Mar, al que pertenece El Bocal. El proyecto definitivo, que contemplaba la eliminación de algunas pasarelas —aunque no la de El Bocal— fue presentado en febrero de 2017.

Aquel proyecto tampoco satisfacía a los vecinos, ni a la Asociación de Defensa de la Senda Costera. No llegó a ejecutarse. En 2018, la moción de censura contra Mariano Rajoy cambió el signo del Gobierno. Sin embargo, la llegada del PSOE al Ejecutivo y por ende a la dirección de Costas no reavivó la obra inacabada de la senda costera, que a pesar del interés mostrado por el grupo socialista —desde la oposición— en su evolución siguió en suspenso.

“Sabíamos que las cosas no se estaban haciendo bien, pero no que se habían hecho tan mal”, lamenta ahora en La Vanguardia Santiago Sierra, expresidente de la Asociación de Defensa de la Senda Costera y conocedor de primera mano de los hechos de hace una década. Sierra, que tiene “muy claro que la responsabilidad del terreno era de Costas”, reconoce que entre los vecinos se ha instalado la “desidia” ante el proceso judicial, y lamenta que “se hable poco de las víctimas”. La ADSC dice, sigue existiendo, pero está ahora inactiva. Está siguiendo, dice, el proceso judicial “por la prensa” y se sorprende, o quizá no, de cómo “cada implicado señala al siguiente”.

La observación de Sierra se ajusta a los autos judiciales que la jueza Rosa Martínez, titular de la Plaza Nº 1 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Santander y encargada del caso, ha emitido. Martínez, en el auto original del 24 de marzo, consideró a Costas —al Estado— como “única responsable de garantizar la adecuada conservación y mantenimiento” de la pasarela siniestrada. Señaló además que Costas “era muy consciente de tal deber de conservación y mantenimiento” por la mencionada intervención del mayo de 2024. No obstante, el auto recordaba al Ayuntamiento su “potestad de policía administrativa”, que conlleva la obligación de actuar de ser “detectado un riesgo”.

Esa cuestión, la del riesgo detectado, añade más sal a la herida. En la víspera del suceso, un vecino del barrio santanderino de Monte, Fernando Cabellos, llamó al 112 para advertir de que la pasarela de El Bocal se había roto. “Si pasa un grupo se caen y se matan”, dijo, literalmente, Cabellos, que ha prestado declaración ante la jueza.

¿Qué sucedió con aquella llamada? Un enredo que, por el desenlace final de lo ocurrido, carece de gracia alguna. El 112 recogió la llamada y la derivó a la policía local, pero la agente investigada ignoró la advertencia. Una afirmación que el superior de la policía ratificó ante la jueza: debería haber movilizado una patrulla “pero se le olvidó hacerlo”. El 112, por su parte, explicó a la jueza Martínez a través del jefe de Sala, que el aviso llegó a la policía local, pero no a los Bomberos, porque la rotura de la pasarela queda inscrita burocráticamente en “incidencias de vialidad”, que deben atender los agentes policiales.

Pero la agente dio otra versión ante el juez. La funcionaria, que está de baja, aseguró que no dio aviso porque consideró que ante “un daño estructural en una infraestructura” el 112 debía avisar “a los bomberos para que interviniesen”. La agente mencionó el reglamento como motivo de su decisión. Cuando la jueza requirió si “el sentido común” no le había llevado a dar algún tipo de aviso, la investigada dijo que prefirió “no poner en riesgo a ningún compañero, que podía sufrir un accidente y caerse”.

Eso último fue precisamente lo que ocurrió al día siguiente de la llamada con los seis jóvenes de El Bocal. Un suceso cuyas causas parecen claras, pero no así sus responsabilidades. Esa es la pregunta que tiene que desentrañar la Justicia: cómo y por qué, en una marisma burocrática, varias administraciones con distinto signo político decidieron que, ante el problema de El Bocal, lo mejor era la inacción, un finalmente trágico no hacer nada.