La votación del Tribunal Supremo que sienta jurisprudencia al legitimar la intervención de terceras personas para frenar una eutanasia -se aclara que tienen que ser “allegados estrechos”- deja en el limbo el futuro de Francesc Augé, el vecino de 55 años de Vallirana que desde hace casi dos años pide poder ejercer su derecho a morir dignamente y cuyo caso ha propiciado esta histórica resolución del alto tribunal.
La nueva doctrina sentada en esa sesión, con 23 votos a favor y 9 en contra, no ha gustado a la asociación Dret a Morir Dignament (DMD). Consideran que esa jurisprudencia solo “va a generar más sufrimiento a los solicitantes de una eutanasia” al ver paralizados sus procesos por la intervención de terceras personas, “en una decisión que sólo tendría que competer en exclusiva -entiende Glòria Cantarell, vicepresidenta de la asociación DMD- a la persona que solicita morir con dignidad”.
El caso de este vecino de Vallirana queda ahora en suspenso, a la espera de conocer la letra pequeña de la sentencia del Supremo
En el caso de Francesc Augé todo queda ahora paralizado, “una situación que a él le está provocando más sufrimiento del que ya padece por la enfermedad psíquica y física que padece, según la comisión de expertos que autorizó su eutanasia”, revela Cantarell.
El futuro sobre su petición a una muerte digna es hoy incierta. “Tenemos que esperar a leer la letra pequeña de la sentencia que la sala de lo Contencioso del Supremo hará pública en los próximos días”.
Ese alto tribunal, además de sentar jurisprudencia al abrir la puerta a recursos para frenar eutanasias, tendría que referirse también en ese fallo al caso concreto de Francesc. Su caso llegó hasta esa sala al recurrir la Generalitat la sentencia del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC), que legitimó al padre de Francesc para oponerse a la muerte diga de su hijo.
“Lo único que sabemos, por el resultado de la votación, es que ‘allegados con vínculo muy estrecho de un solicitante’ podrán intervenir en esos procesos, pero falta saber si el Supremo considera que esta legitimación se cumple con el padre de Francesc”, añade Glòria Cantarell.
La abogada de este vecino de Vallirana ya ha apuntado que ese progenitor, de 95 años, accedió a presentar el recurso para frenar la eutanasia de su hijo, “influenciado y manipulado por terceras personas sin ningún vínculo con Francesc”. Así que estima que esa petición carece de legitimidad.
Si el Supremo acaba estimando, como hizo el TSJC, que el padre de este hombre está legitimado para recurrir, “una opción es que el asunto vuelva a la sala de los Contencioso Administrativo número 5 de Barcelona, que sí autorizó esta eutanasia al fallar que se cumplían todos los requisitos”, aventura Cantarell.
Si se confirma que el padre de Francesc está legitimado para frenar su eutanasia habría que volver al juzgado de partida para continuar con el proceso
Todo eso siempre que Francesc aceptara dar ese paso, que sería casi como empezar de nuevo. Si se diera esa posibilidad, “ese juzgado de lo contencioso tendría que entrar en el fondo del asunto -añade la vicepresidenta de DMD- y dictar un nuevo fallo”.
Todo esto supone sumar tiempo a la espera, algo que Francesc está ya cansado de invertir en su particular causa. Pero ahora, nada se puede hacer hasta que el Supremo dicte su sentencia.
La situación por la que pasa ahora Francesc, con esta votación del alto tribunal, es el primer ejemplo de lo que advierte Dret a Morir Dignament: “judicializar la eutanasia solo significa alargar el sufrimiento”. Esta asociación quiere dejar claro que critica la ley, que estima buena, sino las trabas judiciales impuestas a partir de ahora para frenar las eutanasias.
Morir Dignament pide un cambio en la norma para que solo pueda presentarse un recurso y se resuelva en 20 días
Así que se aboga, anuncia Cantarell, por impulsar una norma de jurisdicción contenciosa -“ya estamos en ello”, afirma- para que en estos casos solo quepa un recurso y que el mismo sea resuelto en un plazo máximo de veinte días.
DMD recuerda que los casos que llegan a los tribunales “son excepcionales” y suponen un porcentaje mínimo de las 361 eutanasias hechas ya en Catalunya; pero alerta que cuando esto pasa “los procesos se alargan y son dolorosos, a menudo en medio de conflictos familiares y con la incerteza de no saber cuándo se podrá ejercer un derecho ya reconocido”.
Para Glòria Cantarell “mantener una eutanasia bloqueada durante meses o año es innecesario y cruel” y recuerda que la ley “ya establece garantías médicas, jurídicas e institucionales suficientes para proteger a las personas solicitantes”.
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Buen análisis, ayuda a entender el contexto de la noticia.
Se agradece el rigor y las fuentes contrastadas.
Excelente trabajo de la redacción, como siempre.