El jefe de la Demarcación de Costas en Cantabria, José Antonio Osorio, que ya figuraba como investigado en la causa de la caída de la pasarela de El Bocal, en Cantabria, que ocurrió en marzo y causó la muerte a seis jóvenes, será doblemente investigado. La jueza Rosa Martínez, que lidera la causa, había ordenado la investigación de Osorio en tanto que director facultativo de la obra de construcción de la senda costera. Ahora también se le investigará como responsable de la Demarcación de Costas, cargo que ostentó hasta su retirada en 2023.
La razón, esgrime Martínez en el auto de este miércoles, es la inexistencia y falta de puesta en marcha de “un plan de inspección, conservación y mantenimiento de las infraestructuras” de la senda costera que une el faro de cabo Mayor con la ermita de la Virgen del Mar.
Cabe recordar que, desde la Asociación de Defensa de la Senda Costera (ADSC) ya se denunció tras el suceso que ese espacio había carecido de mantenimiento durante una década. El informe de los peritos tras el suceso evidencia la corrosión de los herrajes que sostenían la pasarela siniestrada, al punto que un perito trató de coger una pieza metálica de la pasarela que estaba en el suelo y se le “deshizo en la mano”.
Osorio fue el responsable de la Demarcación de Costas de Cantabria hasta el año 2023
Han sido precisamente los informes periciales presentados ante la jueza el viernes los que han impulsado la ampliación de la acción penal contra Osorio, funcionario de la Dirección de Costas, dependiente del Estado. En el auto, la jueza Martínez señala que los informes periciales “coincidieron en señalar que toda administración titular de una infraestructura pública de esta naturaleza ha de disponer necesariamente de un sistema de gestión de infraestructuras que contemple protocolos de inspección periódica, seguimiento del estado estructural y actuaciones de mantenimiento preventivo y correctivo”. Todo lo anterior, aparentemente, no existía en el paraje de El Bocal.
La jueza añade que esa programación del mantenimiento e inspección es algo “ciertamente lógico y exigible, máxime tratándose de una estructura (...) expuesta de forma continuada a agentes ambientales potencialmente agresivos por su ubicación litoral”.
Tras la investigación realizada, a la instructora no le consta que, tras la resolución del contrato del año 2015 para la reforma de la senda costera, “la administración responsable implantase mecanismo alguno de control, inspección o mantenimiento de las infraestructuras ya ejecutadas, entre ellas la pasarela siniestrada abierta al público en general sin ningún tipo de restricción”.
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Buen análisis, ayuda a entender el contexto de la noticia.
Se agradece el rigor y las fuentes contrastadas.
Excelente trabajo de la redacción, como siempre.