Un juzgado de Barcelona ha anulado la medida dictada por el rector de la Universitat de Barcelona, Joan Guàrdia, de suspender de empleo a la catedrática de sociología Marta Soler por su presunta relación con el entramado de CREA, el grupo del catedrático Ramón Flecha bajo investigación por delitos de coerción sexual.
El Juzgado de lo contencioso administrativo n.º 7 ha dado la razón a Soler, que recurrió la medida de suspensión al entender que se vulneraban sus derechos.
El juez, que justifica la necesidad de apartarla, señala que la UB dictó la suspensión cautelar sin darle audiencia previa y sin justificar adecuadamente la urgencia de una medida de tal gravedad. Por ese motivo, anula la suspensión cautelar y condena a la universidad al pago de las costas, en un fallo emitido el viernes al que ha tenido acceso este diario.
“La justicia restablece los derechos que me fueron arrebatados” Marta Soler
Sin embargo, el fallo no cuestiona el fondo de la decisión adoptada por la universidad. De hecho, el juez considera que la medida cautelar estaba suficientemente motivada y que perseguía una “finalidad legítima de protección de la comunidad universitaria” ante la gravedad de los hechos investigados. La resolución rechaza expresamente que vulnerase la presunción de inocencia de la catedrática.
El magistrado recuerda que las conductas atribuidas a Soler en el informe que motivó la apertura del expediente disciplinario incluían presuntas prácticas de “coerción sexual, coerción psicológica, maltrato habitual y psicológico, manipulación del pensamiento y de la conducta, explotación profesional o de servidumbre intelectual, presiones, humillaciones, castigos y dominación emocional”. Por la gravedad de esas acusaciones, concluye que la universidad podía adoptar medidas cautelares, aunque debía haber escuchado previamente a la afectada.
La UB valora activar medidas en defensa del interés público y de la seguridad de la comunidad universitaria
La interpretación del juez difiere de la de Fiscalía, que consideró que la suspensión en funciones era compatible con los derechos fundamentales y estaba suficientemente motivada y resultaba necesaria.
La UB afirma que respeta la resolución judicial y la está analizando con detenimiento para valorar cuáles son las actuaciones jurídicas que corresponden activar en defensa del interés público y de la seguridad de la comunidad universitaria. Se plantea interponer un recurso de apelación ante el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya.
La resolución fue celebrada inmediatamente por el entorno de CREA. Tanto Soler como Ramón Flecha difundieron mensajes en redes sociales reivindicando la decisión judicial. “La justicia restablece los derechos que me fueron arrebatados”, escribió la catedrática expedientada en un mensaje en X, en el que atribuyó la actuación de la UB a represalias por su trayectoria de apoyo a las víctimas de violencia de género y por su papel en iniciativas académicas internacionales.
En un artículo difundido en una de las publicaciones de CREA, Soler lamenta que que “la publicación y difusión de esa medida cautelar desde la UB ha tenido graves consecuencias profesionales, personales y reputacionales”, como haber sido apartada de la dirección de un proyecto de investigación, haber sido presionada para dimitir como vicepresidenta de la Asociación Internacional de Sociología y que le han retirado la invitación de conferencias internacionales, “además de las consecuencias para mi salud y para mi familia”.
Una anulación por un defecto de procedimiento no significa que los hechos de la investigación sean falsos Abogada de las víctimas
La abogada de las víctimas, Violeta Assiego, ha aclarado en la red X, que el hecho de que un tribunal anule una medida cautelar por un defecto de procedimiento no significa que los hechos denunciados y que están siendo investigados en Fiscalía sean falsos. Tampoco desaparecen los motivos y riesgos por los que se adoptó esta medida.
La resolución llega mientras la Fiscalía de Barcelona prosigue su investigación sobre las denuncias presentadas por antiguos integrantes de CREA, que acusan a Flecha y a miembros de su entorno de presuntas prácticas de coerción sexual, abuso de poder, manipulación psicológica y explotación laboral.
El pasado diciembre, la UB abrió expedientes disciplinarios contra Soler y otras dos catedráticas, todas ellas miembros destacados de CREA. Fueron suspendidas de empleo de forma cautelar, tras recibir un informe interno que describía a CREA como un presunto “grupo coercitivo de alto control” y remitió el caso al Ministerio Público.
Soler ha sido durante décadas una de las más estrechas colaboradoras de Flecha, a quien sustituyó formalmente en 2006 como directora de CREA cuando él dimitió tras afrontar una primera denuncia de ex integrantes del grupo. Catedrática de Sociología en la UB, hasta su suspensión era también directora del departamento.
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Buen análisis, ayuda a entender el contexto de la noticia.
Se agradece el rigor y las fuentes contrastadas.
Excelente trabajo de la redacción, como siempre.