El Congreso aprueba la reforma del Código Penal para castigar las “terapias” de conversión

El Congreso de los Diputados ha aprobado este jueves la reforma del Código Penal que prevé sancionar con penas de prisión las llamadas “terapias” de conversión, dirigidas a eliminar o negar la orientación sexual, la identidad o la expresión de género. La proposición de ley establece penas de entre seis meses y dos años de cárcel para estas prácticas, que vulneran los derechos del colectivo LGTBI+ y han sido calificadas por la ONU como una forma de “tortura”.

La Comisión de Igualdad aprobó la semana pasada el dictamen, con los votos en contra de PP y Vox, que inicia ahora su trámite en el Senado. En concreto, la proposición ha contado con 178 votos a favor (PSOE y socios), 138 abstenciones (PP) y en contra 32 (Vox).

La ley trans establece sanciones administrativas contra estas prácticas

Desde 2023, la ley trans prohíbe y castiga estas prácticas en toda España con sanciones administrativas. Además, varias comunidades autónomas ya las habían incluido previamente en sus normativas. Pese a su prohibición, no se han impuesto multas en todo este tiempo, a pesar del impacto que generan en la salud física y mental de las víctimas.

La nueva propuesta establece que se aplicará la pena en su mitad superior, dentro del rango previsto, cuando la víctima sea menor de edad, se emplee violencia o una situación de superioridad, el culpable pertenezca a una organización u asociación, o las prácticas se realicen con fines lucrativos. En todos los casos, se añade también una inhabilitación para trabajar en educación, deporte o actividades de ocio con menores durante entre 3 y 5 años más del tiempo que dure la privación de libertad impuesta.

En los últimos tres años, el Ministerio de Igualdad ha recibido 23 denuncias, individuales o colectivas, entre ellas la de la Asociación Española contra las Terapias de Conversión, que expuso que en hasta siete diócesis españolas se están impartiendo cursos y talleres de conversión sexual para personas LGTBI+. La norma actual establece sanciones que se sitúan entre los 200 y los 150.000 euros. 

No son “terapias”, son “una forma de tortura”

Como impulsor de la proposición de ley, el diputado del PSOE, Víctor Gutiérrez ha dicho que estas prácticas no son “terapias”, sino “una forma de tortura” y ha detallado que la norma castigará estos procedimientos con penas de prisión, de entre seis meses y dos años, independientemente de que medie el consentimiento de la víctima, argumentando que una “tortura” lo sigue siendo aunque se acceda a ella bajo la presión del entorno.

El diputado ha cargado contra el PP y Vox, recriminándoles sus enmiendas y los recortes autonómicos, y ha lanzado un mensaje a las víctimas al afirmar que la verdadera libertad consiste en poder ser uno mismo “sin miedo, culpa ni violencia”.

Por su parte, el diputado y vicesecretario de Educación e Igualdad del PP, Jaime de los Santos, ha denunciado el “sectarismo” de la iniciativa, que es “tan necesaria como corrompida por el sectarismo de algunos” coincidiendo con la celebración del Orgullo LGTBI+. “Como si el resto de los días del año no les preocuparan los problemas del colectivo”, ha añadido.

Asimismo, De los Santos ha reivindicado la gestión de su partido en la defensa de la diversidad en municipios y comunidades autónomas donde gobierna. “Soy del PP, soy maricón y me siento muy orgulloso de ambas cosas y de todo lo que han hecho por mí hombres y mujeres”, ha concluido.

Lejos de quedarse callado, Gutiérrez ha reprochado al popular que haya buscado el protagonismo en el hemiciclo y su partido se haya abstenido en la votación:: “Usted es una vergüenza para el colectivo LGTBI+, yo también soy maricón, pero orgulloso de estar en lado correcto de la historia”.

Solo ocho países de la UE prohíben las “terapias” de conversión

La Comisión Europea aseguró el pasado mes de mayo que “recomendará” a los Estados miembros prohibir estas prácticas, aún vigentes en varios países de la Unión Europea. No obstante, Bruselas evitó impulsar una normativa común y dejó su regulación en manos de cada estado, pese a que más de un millón de ciudadanos europeos han pedido una legislación específica. A día de hoy, solo ocho países de la UE las prohíben de forma explícita, aunque no ha impedido que se sigan produciendo, tal y como ocurre en España.

Bajo el paraguas de la denominada “terapia”, se han documentado prácticas como la administración forzada de medicamentos, el maltrato verbal y físico, las descargas eléctricas o situaciones de acoso psicológico e incluso abusos sexuales.