Hace pocas fechas, la comunidad educativa alzó su voz cuando trascendió que los Mossos d’Esquadra, en una actuación conjunta entre los departamentos de Educació e Interior, iba a situar a agentes de la policía catalana en varios institutos en el marco de una prueba piloto para rebajar la conflictividad en los centros. Al final, y tras el revuelo, siete de los 14 centros que en principio iban a participar de la prueba se bajaron del carro. Hoy, Josep Lluís Trapero, director general de los Mossos d’Esquadra, ha reconocido que no se explicaron bien.
“Tenemos que hacer autocrítica. No lo hemos explicado bien”, razonó Trapero en una entrevista en Catalunya Ràdio. Asimismo, afirmó que le sabía “muy mal” que se haya criminalizado al cuerpo, “cuando precisamente lo que se buscaba, juntamente con Educació, era ayudar”.
Trapero subrayó que lo que persigue la prueba -que continúa vigente en siete centros- “es solo incrementar lo que se está haciendo en muchas escuelas, pero con la figura de una persona más estable”. Lamentó también la mofa que se ha hecho: “Que si el agente iría uniformado, que si sería uno de la Brimo…”. La idea –explicó- es que se pueda formar a los jóvenes en ámbitos como el de la violencia sexual: “No tiene otro objetivo. Me sabe mal que se haya banalizado”.
A su vez, calificó de error la presencia, detectada en su día, de varios agentes en una asamblea de maestros previa a la organización de protestas de este colectivo. “Fue una decisión errónea. No era del todo necesario”. No obstante, lamentó la lectura que se hizo de su presencia en la asamblea. “Los agentes no estaban allí para ver las movilizaciones de los maestros, estaban allí, como están en muchos otros sitios, para poder hacer un trabajo, que incumbe a la comisaría general de información, que es defender los derechos y libertades de toda la ciudadanía”.
Matizó que no se trató de una infiltración. “No acabo de ver que se hicieran pasar por maestros. Era un lugar abierto donde no tenías que identificarte con ningún nombre ni decir la profesión. En ningún caso se identificaron al entrar, porque nadie se lo pidió”.
Quizás no al entrar, pero personas presentes en el acto afirman que los organizadores les preguntaron de qué colegio procedían, a lo que las agentes -eran dos mujeres- explicaron, después de algún titubeo, que procedían de la escuela Riera Alta, de Santa Coloma de Gramenet (Barcelona). El problema, según indicó a La Vanguardia en su día Iolanda Segura, portavoz de Ustec, es que había un docente de ese centro en la reunión y negó conocerlas, por lo que ambas fueron invitadas a abandonar el lugar.
Trapero, asimismo, afirmó que en todo caso no se trató de una infiltración policial porque dicha acción está regulada por ley. “Ahí sí que tienes otra identidad. Además, tiene que haber una comunicación y una autorización judicial, y en unos ámbitos, como el de terrorismo y crimen organizado, que nada tienen que ver con lo que estamos hablando”.
Entiende que si los sindicatos consideran que la policía se extralimitó, para eso están los tribunales. Ahí, precisamente, es donde se dirimirá si la actuación de la policía fue ajustada, tras la denuncia presentada por esos hechos. “Nosotros, en un proceso con garantías, podremos defender el trabajo que se hizo. Más allá de reconocer que fue un error, hay que tener claro que no todos los errores son delito. Ya lo dirá quien lo tiene que decir, que es la autoridad judicial”, sostuvo Trapero.
En otro orden de cosas, el director general de los Mossos arguyó que, más allá de las percepciones que pueda tener cada cual, en general el número de delitos había bajado desde el 2024: un 4% en el 2025 respecto al año anterior, y un 7,5% si se compara el primer semestre del 2025 con el del 2026. No obstante, admitió que en el ámbito de la violencia contra las mujeres (agresiones sexuales, lesiones, amenazas…) las cifras no han mejorado.
A su vez, pidió más regulación sobre las redes sociales, que calificó de “selva”. “De la misma manera que todo el mundo entiende que una persona tiene una serie de limitaciones en el ejercicio de sus derechos en beneficio de la comunidad cuando va por la calle, lo mismo debería ocurrir cuando navega por las redes. Y aquí sitúo la responsabilidad en las personas que están ganando dinero, es decir, los operadores. Son ellos los que están obligados a prevenir”, concluyó.

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Buen análisis, ayuda a entender el contexto de la noticia.
Se agradece el rigor y las fuentes contrastadas.
Excelente trabajo de la redacción, como siempre.