La infrafinanciación del coste de la plaza escolar persiste. Esta es la principal conclusión del informe Estimación del coste de la plaza escolar en Catalunya, elaborado por la comisión de estudio del coste de la plaza escolar (integrada por expertos profesionales y creada en el marco del pacto contra la segregación escolar) y que fue presentado este miércoles por la Sindicatura de Greuges de Catalunya. El documento actualiza uno previo, publicado en el 2020, y analiza el coste real de la escolarización en Catalunya y su financiación.
Del informe se extrae la idea de que a pesar de que en los últimos años ha aumentado significativamente la financiación pública en educación (un 35% entre el 2019 y el 2023), los grandes problemas de financiación de los centros educativos persisten.
Se ha incrementado la financiación en educación, aunque sin un impacto en la mejora de resultados educativos”
En especial, cuatro: infrafinanciación de la plaza escolar; elevado gasto privado de las familias; carencia de equivalencia de los proyectos educativos, por la elevada diversidad de costes entre centros; y déficits de distribución equitativa de recursos en función de las necesidades del alumnado y de la complejidad de los centros.
“En este periodo ha habido un incremento de cerca del 35% en la financiación en educación, aunque no hemos visto el impacto de este crecimiento en la mejora de resultados educativos ni en el gasto de las familias”, lamentó Aida C. Rodríguez, adjunta para la defensa de los derechos de la infancia y la adolescencia de la Sindicatura.
La infrafinanciación de la plaza escolar se mantiene, entre otros motivos, porque para hacer frente al bajón demográfico, se han adoptado medidas como las reducciones de ratio, lo que ha incrementado el coste de la plaza por alumno. También porque cerca de un 50% del incremento de financiación pública se ha destinado a la dotación básica de plantillas, en lugar de destinarlo a otros conceptos más infrafinanciados, como la atención a la diversidad.
Además, el aumento de la detección de alumnado con necesidades educativas específicas ha incrementado las necesidades de recursos. En este sentido, Rodríguez señaló que se ha pasado de un 6% de alumnos vulnerables en el 2020 al 30% del 2023.
La financiación pública no cubre el coste de la plaza escolar”
La infrafinanciación en el coste de la plaza escolar se estima en 944 millones de euros (429,9 millones en el sector público y 514,2 millones en el concertado). De ahí que Rodríguez aseverara que “la financiación pública no cubre el coste de la plaza escolar” y que “la gratuidad efectiva no está garantizada”.
Si se toma como referencia el coste teórico de la plaza por alumno, la infrafinanciación en el sector público es de 572,8 euros en primaria y de 782,1 en secundaria; mientras que en el concertado alcanza los 1.597,9 euros y los 1.769,7, respectivamente.
El informe también evidencia que el incremento del gasto público tampoco se ha traducido en una reducción significativa del desembolso de las familias a través de las cuotas que pagan. En primaria, en el sector público, este gasto se sitúa en cerca de 900 euros, una cantidad que asciende hasta los 3.800 euros en el concertado.
Asimismo, el documento pone de manifiesto que los proyectos educativos de los centros no son equivalentes en lo que se refiere a las oportunidades educativas que ofrecen y los costes que conllevan, lo que supone un factor de desigualdad en el acceso a las oportunidades que ofrece cada proyecto educativo.
Por sectores de titularidad, el sector concertado presenta una mayor infrafinanciación pública, pero también proyectos educativos globalmente más costosos y con un mayor desajuste entre el coste teórico y el gasto real de la plaza escolar.
Hay que ponderar los recursos en función de las necesidades de cada centro”
El documento también señala que el modelo de financiación de los centros es poco equitativo y que no existe suficiente gradación de la dotación de plantillas en función de la complejidad de los centros, especialmente en los concertados.
Además, la clasificación de la complejidad no está actualizada y en el caso de la concertada no se utiliza para la distribución de los recursos. “Hay que ponderar los recursos en función de las necesidades de cada centro”, pidió Bernat Albaigés, asesor técnico de la institución. Por ello, reclamó “un cambio de paradigma” en su financiación.
De hecho, el informe destaca que la infrafinanciación es especialmente intensa en el concepto de atención a la diversidad y que se necesitan más recursos para atender al alumnado con necesidades educativas específicas, tanto en la escuela pública como en la concertada.
Así, recomienda crear un sistema de financiación de centros públicos y concertados con elevada complejidad para garantizar que, al menos, en estos centros no exista infrafinanciación de la plaza escolar. “Es fundamental reforzar la equidad en la distribución de recursos, de modo que los centros con más alumnos vulnerables puedan recibir más recursos”, subrayaron desde la Sindicatura.
Es más fácil establecer medidas universales para todos los centros”
En el período 2019-2023, el incremento de financiación pública de la dotación básica de plantillas se incrementó más del doble de lo que lo hizo la dotación de atención a la diversidad. Mientras el incremento de la financiación por alumno en el primer apartado se situó en 651,6 euros y 396,3 en primaria, en los centros públicos y concertados respectivamente, estas cifras descendieron hasta los 267,1 euros y 111,3 en la atención a la diversidad.
Más del 80% de los incrementos de financiación se destinan a gastos lineales, como la mejora de las condiciones salariales del profesorado y el aumento de financiación para hacer frente a los gastos de funcionamiento de los centros, y menos del 20% en financiar gastos condicionados a su complejidad, como la atención a la diversidad. “Es más fácil establecer medidas universales para todos los centros”, lamentó Albaigés.
Mejorar los recursos a la diversidad
Con el objetivo de resolver el problema de financiación y avanzar hacia un sistema más justo, el informe recoge una serie de recomendaciones. Entre otras, igualar las condiciones de escolarización entre sectores de titularidad para financiar actividades complementarias y, en su defecto, actividades extraescolares, tanto en el sector concertado como en el sector público.
Asimismo, recomienda hacer una mejor gradación de las plantillas y la financiación según la clasificación de centros en función del nivel de complejidad y mejorar los recursos de la atención a la diversidad, con más personal de apoyo (docentes especializados, orientadores, etc.), dado que es el ámbito con más déficit actualmente.
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Buen análisis, ayuda a entender el contexto de la noticia.
Se agradece el rigor y las fuentes contrastadas.
Excelente trabajo de la redacción, como siempre.