De nuevo, polémica con el informe PISA en Catalunya. La OCDE ha decidido no incluir en el informe internacional del 2025 que se presenta el 8 de septiembre el estudio específico de Catalunya y, aunque se recogen los datos catalanes en el informe nacional español, no son válidos para hacer comparativas con otras autonomías o con otros países.
Una “incidencia técnica” en la muestra, la exención de medio millar de estudiantes con discapacidad, ha distorsionado la representatividad de la población escolar por lo que no sirve para evaluar el sistema educativo.
De 2.500 alumnos, quedaron exentos erróneamente, medio millar de estudiantes con discapacidad
Catalunya sí aparecerá en el informe nacional español, aunque con la acotación técnica de que sus datos no serán comparables ni con ediciones anteriores ni con otras autonomías o países. Sus datos son válidos, pero no representan al sistema, explicó ayer Mónica Domínguez, directora de evaluación del Ministerio de Educación que estuvo presente, junto a la directora general de Currículum de la Generalitat, Sònia Fernández, en la reunión informativa sobre estos hechos .
PISA (Programa para la Evaluación Internacional de Alumnos) es el estudio internacional sobre educación más importante en el mundo. Evalúa a alumnos de 15 años en lectura, matemáticas y ciencias de 91 países del mundo y numerosas regiones.
La expectación por los resultados en septiembre es máxima, por cuanto en el anterior informe, el del 2022, los estudiantes catalanes acusaron una fuerte caída en sus aprendizajes (entre uno y dos años de retroceso en lectura y matemáticas), situándose por debajo de la media de la OCDE, de Europa y de España.
Entonces, la Administración justificó que los malos resultados se debían a un “error de la muestra”, una manifestación de la que se desdijo después. Catalunya suele participar en PISA con una muestra propia, lo que permite elaborar informes específicos para su territorio, además de poder comparar con los resultados estatales e internacionales.
Fernández ha explicado que la tasa de alumnos que fueron excluidos de la prueba era del 23,2% cuando el máximo recomendado por la OCDE es del 5%.
En concreto, de los 2.500 alumnos de 51 centros educativos seleccionados para representar a la totalidad de estudiantes catalanes nacidos el 2009, labor que realiza una empresa externa con la información de los docentes, 591 quedaron excluidos. Unos 6 por discapacidad física, 92 por falta de dominio de la lengua en la que se presentaba el ejercicio y 493 por presentar algún tipo de discapacidad cognitiva, emocional o conductual. La validación de los alumnos está a cargo del profesorado. Ese fallo en la muestra se conoció el pasado marzo en que se intensificaron las comunicaciones con la OCDE.
La directora anunció que la administración catalana ha abierto un proceso de “diligencias informativas” que aún está en marcha con la idea de esclarecer “la naturaleza de la incidencia”. Y ha anunciado que creará una comisión que vigilará los procesos de evaluaciones internacionales, estatales y catalanes para evitar que vuelva a producirse.
“Aquí no ha habido ni manipulación ni ocultación de datos”, aseguró Fernández, que ha querido subrayar que el desvío muestral no es inédito y ha sucedido en otras ediciones en países como Dinamarca, Estados Unidos, Países Bajos o Canadá. No obstante, en ninguno de estos ejemplos la OCDE retiró a estos países del informe como sí ha hecho con Catalunya. De hecho, en los más de 25 años de la historia de PISA, la organización solo ha recurrido en contadas ocasiones a aplazar o retirar la publicación de resultados nacionales por dudas sobre su fiabilidad. Lo hizo con España en lectura en 2018, por un problema de recogida de datos, aunque publicó los datos años más tarde.
Como elemento de contexto y “en absoluto conclusivo”, remarcó la directora, la prueba coincidió en el tiempo con la evaluación de las competencias básicas donde los criterios de exención de alumnos son más flexibles.
Fernández ha garantizado también que en el curso 2025-2026 en que se han realizados pruebas de 6º de primaria y 4º de ESO, así como la evaluación PIRLS, sobre comprensión lectora, se han cumplido con las tasas de exención adecuadas.
El incidente se produce, además, en un momento de transición institucional de la evaluación educativa catalana. Tras el cese en 2023 del entonces director del Consell Superior d'Avaluació, Carles Vega, el organismo permaneció durante más de un año sin una dirección estable mientras el Govern preparaba la creación de la nueva Agència d'Avaluació i Prospectiva de l'Educació.
Inicialmente, asumió la presidencia el entonces director de Innovación, Joan Cuevas, que, tras el nacimiento de su hijo, estuvo de baja. Aunque el Departament no establece ninguna relación entre esa reorganización y la incidencia detectada en PISA, la nueva agencia nació precisamente con el objetivo de reforzar la profesionalización y la independencia técnica de las evaluaciones educativas.

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Buen análisis, ayuda a entender el contexto de la noticia.
Se agradece el rigor y las fuentes contrastadas.
Excelente trabajo de la redacción, como siempre.