PISA Catalunya: qué ocurrió y qué sigue sin respuesta

Catalunya ha quedado fuera del informe internacional de PISA 2025 (Programa para la Evaluación Internacional de Alumnos) impulsado por la OCDE. Esta organización ha decidido no publicar el estudio específico de la comunidad al considerar que una desviación de la muestra impide que los resultados sean representativos del conjunto del alumnado catalán. Aunque las puntuaciones aparecerán en el informe nacional de España, los datos catalanes no podrán compararse ni con otros países ni con otras comunidades autónomas ni con ediciones anteriores. Y tampoco se hará mención de Catalunya en el anexo de regiones. 

Cabe preguntarse, ¿cómo es posible que una tasa de exclusión cuatro veces superior al máximo recomendado por la OCDE no fuera detectada a tiempo? ¿Qué mecanismos de control fallaron? La Generalitat no tiene aún, según afirmó el viernes, todas las respuestas. La consellera Esther Niubó comparecerá esta tarde ante la Comisión de Educación para dar las explicaciones que tiene.

Antecedentes

El problema se encuentra en la exclusión de 591 alumnos de la muestra —el 23,22 % de los estudiantes inicialmente seleccionados—, muy por encima del límite máximo del 5 % que recomienda la OCDE. La mayoría de esas exenciones, 493, correspondían a alumnos con discapacidades cognitivas, emocionales o conductuales. Además, 92 estudiantes con un dominio insuficiente de la lengua de la prueba quedaron descartados y 6 con discapacidad física. A ello se añadió un 7% de abstenciones, también por encima del límite.

Al retirar de la prueba a un número tan elevado de alumnos, la muestra no es representativa del sistema educativo y no refleja con fiabilidad al conjunto del alumnado catalán de 15 años. Por ese motivo la OCDE considera que los datos no pueden utilizarse para comparar el rendimiento educativo de Catalunya con el de otros territorios.

Falta por saber quién era responsable de verificar que los criterios de exclusión se aplicaban correctamente en Catalunya

Aquí no está claro qué sucedió y la propia Generalitat ha abierto diligencias para determinar las causas y las responsabilidades. Fallaron alertas desde enero de 2025 en que los centros elaboran el listado de alumnos hasta marzo de 2026 en que la Generalitat es informada de la invalidez de la muestra. 

En esta cronología que se ofrece a continuación falta por saber quién era responsable de verificar que los criterios de exclusión se aplicaban correctamente en Catalunya. Tampoco se conocen los controles que ejerce el ministerio sobre las muestras ampliadas de las comunidades autónomas. En todo caso, de momento, nadie ha asumido la responsabilidad política o técnica de esta situación. Cabe señalar que la comunicación con la OCDE la tiene el ministerio y no la Generalitat. 

Selección de centros y alumnos

Primero se hizo una selección de centros. La OCDE contrató a una empresa externa que seleccionó aleatoriamente a 51 centros educativos con alumnos nacidos en 2009 representativos del sistema educativo catalán (centros públicos, concertados y privados, urbanos y rurales, de alta o baja complejidad). Quedan excluidos los centros de educación especial. La Generalitat validó la representatividad de la muestra e informó a los centros educativos que habían sido seleccionados. 

Los centros educativos enviaron directamente al Instituto Nacional de Estadísticas de Educación (INEE), centro nacional para la OCDE, el listado de alumnos nacidos en 2009, señalando aquellos que tenían necesidades educativas especiales (NESE). Se envía a la OCDE y éste lo trabaja con una segunda empresa  que selecciona de forma aleatoria. 

Las exenciones

Las exenciones se realizan cuando se va a aplicar la prueba. Los profesionales del centro que conocen a los alumnos aplican los criterios de exención determinados por la OCDE. La validación se elabora alumno por alumno. Y un informe de necesidades educativas especiales no es suficiente, el alumno debe estar severamente incapacitado para hacer la prueba.

Una empresa, 2E Estudios y Evaluaciones, es la encargada de recoger los datos. Una dificultad para detectar entonces que la muestra tiene una desviación excesiva es la circunstancia de que no todos los centros educativos realizan la prueba el mismo día, ni siquiera todos los alumnos hacen las tres pruebas (matemáticas, lectura y ciencias).  El periodo de realización de los exámenes es del 31 marzo hasta el 16 de mayo.

La empresa acreditada por la OCDE se encarga de la administración de las pruebas y de diversas tareas técnicas asociadas al proyecto PISA en España. Reporta al centro nacional encargado de la elaboración de la prueba, el INEE. “Esta empresa no es nadie para poner en duda el criterio del profesorado”, según Mónica Domínguez, directora general de Evaluación del ministerio. 

Una vez hechos los exámenes, si se ha visto que ha habido ausencia de alumnos seleccionados, o alumnos que han sido rechazados sin razón, existe la posibilidad de realizar sesiones de recuperación. Obviamente, esta posibilidad no se utilizó para corregir la desviación.

 ”Cuando se cruzan los datos, lo que sucede muchos meses más tarde, es cuando se observa que hay un 23,2% de desvío”, añade. 

En todo caso lo que sí está comprobado es que hicieron el examen solo el 70% del grupo muestra (23% por discapacidad y un 7% que no se presentaron ese día y que no recuperaron después). 

Para el ministerio, “los resultados de los alumnos que han participado en la prueba son correctos, pero no cumplen con el objetivo de la OCDE de representar al sistema educativo”.

Una cuestión de contexto que expuso la directora de Currículum de la Generalitat el pasado viernes, Sònia Fernández, es la coincidencia de las pruebas de competencias básicas durante el periodo de aplicación de PISA. Estas pruebas se realizaron el 10 y 11 de abril y sus criterios de exención eran mucho más laxos que los de la OCDE (esto ha cambiado). Los profesores podrían haber aplicado unos criterios por otros.

El Consell Superior d'Avaluació

Por parte de la Generalitat han desaparecido las personas con alguna responsabilidad en la supervisión de estas pruebas o del acompañamiento al profesorado. Durante buena parte del proceso el Consell Superior d'Avaluació atravesaba un periodo de transición institucional, sin una presidencia estable, mientras se preparaba la creación de la nueva Agència d'Avaluació i Prospectiva de l'Educació.

El Consell Superior d'Avaluació era el encargado de acompañar, junto a la inspección educativa, a las direcciones de centro escogidas, realizando reuniones informativas y en las que se firma la confidencialidad de los datos. Se les explica el procedimiento y los criterios de la prueba. El Consell estaba en crisis en 2025 y descabezado (la consellera Anna Simó cesó a su presidente por cuestionar la muestra de la OCDE, señalando que había estado sesgada con una mayor representación de inmigrantes).

En septiembre de 2024 asume las funciones de responsabilidad la directora de currículum, Mercè Andreu, que depende de la secretaria de Mejora Educativa, Josefina Beltrán. Ninguna de las dos está ahora en el departamento. Ambas lo dejaron en octubre de 2025, seis meses después de la realización de las pruebas.

Durante su mandato, Andreu y Beltran, tuvieron que hacer frente a la crisis de la fusión de las ciencias en primero de bachillerato y la reducción de la nota del treball de recerca, medidas que entran en vigor este mes de septiembre. Estos cambios, obligados por requerimientos del ministerio, generaron una fuerte polémica.

La Agència d’Avaluació i Prospectiva de l’Educació inició su actividad el 7 de julio de 2025, es decir, con posterioridad a la gestión y aplicación de PISA 2025 en Catalunya. En un comunicado publicado el viernes se desmarca de la responsabilidad de lo ocurrido y garantiza los estándares de calidad que se han aplicado a las pruebas que se ha realizado desde su creación.

Reacción de directores

Los directores de centros públicos, asociados en AXIA, han emitido también un comunicado en el que reseñan que las decisiones determinantes sobre la muestra y las exclusiones se concentran durante los primeros meses de 2025. “Por tanto, no se trata de un error repentino ni de un incidente inevitable el día de la prueba. Es el resultado de un proceso que disponía de controles, plazos y responsables”.

Afirman que ante un hecho de esta magnitud “no es suficiente con lamentarlo”. Es necesario explicar qué ha pasado, identificar las causas, asumir las responsabilidades que correspondan y, sobre todo, garantizar que no se repetirá. “La rendición de cuentas no consiste en buscar culpables por satisfacer a la opinión pública. Consiste en preservar la credibilidad de las instituciones. Porque un país que renuncia a evaluarse con rigor es un país que acaba gobernando a ciegas. Y una sociedad que deja de mirarse en el espejo difícilmente puede saber hacia dónde va”.

Más allá del impacto reputacional que supone quedar fuera del principal estudio internacional sobre educación, el episodio deja abiertas preguntas esenciales sobre el funcionamiento de los mecanismos de supervisión de las evaluaciones externas y sobre quién debía garantizar que los protocolos de la OCDE se aplicaban correctamente. Son incógnitas que la investigación abierta por la Generalitat y las explicaciones que puedan ofrecer el Ministerio de Educación y la propia OCDE deberán resolver.