Condena a la DGAIA por la agresión sexual a un menor de ocho años tutelado: hasta en dos ignoraron la petición judicial de exploración

La DGPPIA, antigua DGAIA, ha sido condenada a indemnizar económicamente a la familia de un niño que hace tres años sufrió una agresión sexual por parte de otro interno en un centro tutelado de Barcelona en el que vivía después de que el organismo le retirara la custodia a los padres. El agredido tenía entonces ocho años y el agresor, 15 y fueron las monitoras del centro en que residían ambos las que denunciaron a los Mossos los abusos, que se habrían producido en dos ocasiones. A pesar de la gravedad de la denuncia, la DGAIA evitó hasta en dos ocasiones llevar al menor a los juzgados para la necesaria exploración, ha explicado a La Vanguardia la letrada Cristina Serra. El padre recuperó la custodia del menor después que una sentencia judicial certificara que su retirada había sido desproporcionada, y posteriormente, denunció los hechos. El menor abusador los admitió y ahora el juez ha condenado a la DGAIA a pagar a la familia 12.500 euros mientras que el menor deberá estar dos años internado en un centro de justicia juvenil. La víctima sufre aún hoy sintomatología postraumática.

El caso del menor, que  vivía en un centro de la DGAIA después de que esta pidiera la retirada de la custodia a los padres, ha seguido dos procedimientos diferentes. Uno por la vía del derecho de familia para intentar que la familia recuperara el cuidado del menor y otro por la vía del derecho penal para resolver el caso de abusos. El despacho de la letrada Silvia Giménez-Salinas logró revocar por “desproporcionada” la retirada de custodia gracias a una sentencia judicial a la que ha tenido acceso este medio. En paralelo a este procedimiento y con el menor aún residiendo en el centro, fueron las monitoras del mismo las que acudieron a los Mossos d'Esquadra para denunciar el supuesto abuso sexual de otro menor, de 15 años, a la víctima, que entonces tenía ocho años. En ese momento la DGAIA no informó a los padres del menor del procedimiento, relata Serra, que denuncia que la entidad pública mantuvo “muy tapado” el caso. Un juzgado de menores citó a la DGAIA para proceder a la exploración del menor hasta en dos ocasiones sin que la entidad procediera a la petición judicial, apunta la letrada. No fue hasta un año más tarde, cuando la justicia consideró injustificada la resolución de desamparo dictada por la administración y el menor volvió a estar bajo la tutela del padre, que se pudo llevar al menor a esta exploración, apunta. Al conocer los hechos, la abogada del padre en el tema de la custodia (Giménez-Salinas) informó al área social del despacho Maluenda Penal, encargado de la acusación particular de los delitos contra la libertad sexual a menores a través de fundaciones y asociaciones sin ánimo de lucro, que se puso con el caso.

Serra lamenta que durante todo el proceso la colaboración de la DGAIA ha sido “inexistente” y denuncia que el organismo en ningún momento informó a la familia del procedimiento que estaba en marcha por presuntos abusos. “Los padres se enteraron de los hechos cuando yo les informé”, denuncia la abogada. El abusador reconoció los hechos, por lo que la sentencia ha sido de conformidad y, por tanto, no recurrible. La DGPPIA deberá indemnizar con 12.500 euros a la víctima y a su familia. El menor que cometió el abuso deberá pasar dos años internado en un centro de justicia juvenil.

La abogada, que ha explicado que el menor sufre tres años después sintomatología postraumática, considera que, a pesar de tratarse de un caso extremo, la agresión evidencia la desprotección en la que viven muchos menores tutelados.