Técnicos del Ministerio y de la Generalitat sabían que se estaba excluyendo demasiados alumnos, pero no lo elevaron a sus superiores

El Ministerio de Educación advirtió en abril de 2025, cuando los alumnos catalanes estaban realizado la prueba de PISA, que la muestra contenía una alta exención de alumnos, pero no supo hasta 2026 que debido a esa anomalía la OCDE había tomado la decisión de retirar a Catalunya del ránking. 

En realidad, según la última versión del ministerio que ha recibido La Vanguardia, los responsables de la administración central y autonómica no llegaron a saber esta información fundamental que impactaría un año después invalidando la prueba PISA para Catalunya.  Fueron técnicos del ministerio que advirtieron a técnicos del Consell Superior d'Avaluació, que no elevaron la advertencia a sus correspondientes superiores. 

La elaboración de las pruebas sigue un procedimiento largo y garantista. El objetivo es que la muestra de alumnos seleccionados sean un espejo del sistema educativo, por lo que si hay un porcentaje alto de alumnos con necesidades educativas especiales, estos deben aparecer. 

Primero se seleccionan los 51 centros educativos que representen por sus características el sistema (centros públicos, concertados y privados, urbanos y rurales, de alta o baja complejidad). No entran los centros de educación especial. La Generalitat valida la representatividad de la muestra e informa a los centros educativos seleccionados.

“Las comunicaciones se producen únicamente en el nivel técnico de ambas administraciones y no tienen traslación a otros niveles”

Los institutos envían entonces directamente al Instituto Nacional de Estadísticas de Educación (INEE), centro nacional para la OCDE, el listado de alumnos nacidos en 2009, señalando aquellos que tienen necesidades educativas especiales (NESE). Se envía a la OCDE y éste lo trabaja con una empresa externa que selecciona de forma aleatoria a los estudiantes.

Con el listado que les proporciona la empresa, las direcciones pueden excluir a aquellos alumnos que por diversas razones está severamente incapacitado para hacer la prueba. Hay unos criterios determinados por la OCDE.  

En abril, cuando se inició la prueba, los directores elaboraron la lista de alumnos exentos de hacer la prueba a su criterio, sin conocer lo que habían incluido los otros centros. En conjunto,  sobrepasaron casi cinco veces el limite del 5% establecido por la OCDE.

El ministerio, alertado por parte de la empresa que administra los datos para la aplicación de la prueba, 2E Estudios y Evaluaciones,  detecta durante los exámenes una tasa de exención superiores a las establecidas.  “Personal técnico del INEE contacta con los correspondientes niveles técnicos del Consell Superior d’Avaluació Educativa en Catalunya, el organismo encargado de la supervisión de las pruebas,  y se producen comunicaciones sobre las incidencias que se estaban observando por parte de la empresa”, relata el ministerio.

Pero esas comunicaciones no llegan a los responsables del ministerio y de la conselleria.

“Hay que resaltar -continúa el ministerio- que estas comunicaciones se producen únicamente en el nivel técnico de ambas administraciones educativas, y no tienen traslación a otros niveles de ambas administraciones, dado que, en aquel momento, no se podía valorar, técnicamente, el alcance ni las posibles consecuencias que dichas incidencias podrían tener”, justifica.

El aviso se queda estancado entonces a un nivel no ejecutivo. El ministerio relata que como no sabía el alcance de la anomalía esperó a los informes de la OCDE que no llegaron hasta marzo de 2026 y que confirmaron que una tasa de exclusión del 23,2% invalidaba estadísticamente los resultados de Catalunya. “Fue en momentos muy posteriores, en marzo de 2026, cuando la OCDE comunica globalmente los resultados de las pruebas, cuando se conoce dicho impacto”.

En la primera versión del ministerio se explicaba que “el Ministerio no tiene la posibilidad de determinar si un alumno puede o no realizar la prueba”, tarea que corresponde al profesorado, bajo supervisión de la administración autonómica. “No obstante, sí tiene la posibilidad de alertar que los datos excede las tasas de exclusión, que es lo que hizo”, concluía. 

“En ese momento no se conocía el alcance y el impacto que podía tener esta incidencia en los resultados globales”

Al retirar de la prueba a un número tan elevado de alumnos, hasta el 23%, la muestra no era representativa del sistema educativo y no reflejaba con fiabilidad al conjunto del alumnado catalán de 15 años. Por ese motivo la OCDE consideró que los datos no podían utilizarse para comparar el rendimiento educativo de Catalunya con el de otros territorios. ”Por tanto, solamente en marzo de 2026 es cuando se toma conocimiento del impacto de aquellas incidencias técnicas sobre los resultados de las pruebas”.

El ministerio añade que “según la OCDE, la incidencia ocurrida en la muestra del alumnado en Catalunya no afectó a la fiabilidad de los datos nacionales globales, pero sí ha impedido la comparabilidad de los datos de Catalunya con los de otras regiones o países”.

De este modo, la información técnica no llegó nunca a los responsables superiores de la conselleria que tuvieron conocimiento, como dijo la consellera Esther Niubó en el Parlament,  en marzo de 2026 en que se lo notifica el ministerio, a través del INEE, centro nacional para la OCDE.

La consellera, en su explicación, también afirmó que las validaciones sobre las exenciones solo pueden realizarse antes de la prueba pues una vez iniciada esta no cabe posibilidad de que los alumnos excluidos vayan a una sesión de recuperación, como sí se permite, según el protocolo de la OCDE, con los estudiantes que no pudieron realizar el examen el día que tocaba por enfermedad u otras causas.  Si se hubiera validado antes se hubiera descubierto que faltaban medio millar de estudiantes. 

Según esta versión, la advertencia del ministerio durante la prueba no hubiera tenido impacto por cuanto ya no había margen de maniobra para corregir las exenciones. El ministerio no ha explicado si el INEE, interlocutor de la OCDE,  informó también a la organización para la cooperación de esta incidencia por si había margen técnico para corregir la muestra. 

Niubó explicó, como posible origen de la causa, una posible “confusión” por parte del profesorado de los criterios que tenían que aplicar para retirar a un alumno de la lista. La coincidencia con otras evaluaciones (las diagnósticas, propias de Catalunya) con criterios más laxos habría conducido a este error. 

No obstante la consellera lo expuso como una posible explicación, sin culpabilizar a los centros, apuntando a quien debiera acompañar a las direcciones en este proceso y supervisar el procedimiento. En este punto, no queda clara la entidad que asumía esta responsabilidad. Unas diligencias abiertas por el departamento, dijo, tienen que dar luz sobre los hechos y las personas que actuaron. 

Como fleco colateral, queda también por averiguar por qué no se corrigió la tasa de abstención (del 7%) cuando, en este caso, sí existía capacidad de corrección.