PISA: los directores recibieron instrucciones ambiguas sobre la exclusión de alumnos

Las instrucciones que recibieron los directores de escuela respecto a la exclusión de alumnos en la prueba PISA 2025 no fueron suficientemente claras, lo que originó la primera chispa de un incendio que ha quemado la validez estadística de los resultados de Catalunya en el informe que la OCDE presentará el 8 de septiembre. 

Con todo, el error de los directores se podría haber corregido semanas antes de que se realizara la prueba porque la información del exceso de alumnos exentos la tenía el Ministerio de Educación y la Generalitat, pero nadie con responsabilidad avisó del fuego a tiempo, pese a que la empresa contratada para el análisis de datos advirtió del humo. El resultado es el que se conoce: la OCDE ha valorado inadmisible un 23,2% del alumnado exento, una proporción “excepcionalmente alta” sobre el 5% del límite máximo. Y los resultados obtenidos por Catalunya no son representativos ni comparables con el de otras economías ni con anteriores ediciones.

El 11 de marzo de 2025, el Departament d’Educació reunió a los directores de los 51 centros seleccionados por la OCDE en la sala de actos de la sede de Via Augusta de Barcelona. Se escogen de forma aleatoria pero representativa del sistema educativo y en cada edición son distintos. 

“Qué significaba que podía excluir alumnos 'según la opinión del personal cualificado'?

 La Vanguardia ha entrevistado a dos directores que asistieron a esa reunión informativa. Ambos coinciden en que las instrucciones fueron laxas en cuanto al criterio de exclusión de alumnos y que en ningún momento se indicó que no podían superar el 5%.

Ahora bien, con las mismas instrucciones, adoptaron criterios de exención distintos con resultados diferentes. En un caso se excluyó al 13% del alumnado y en el otro, al 3,6%.

El primer director relata que entendió que debían excluir a todos aquellos imposibilitados para estar delante de un ordenador durante tres horas. Los jóvenes tenían que hacer dos exámenes de conocimientos (matemáticas, ciencias o bien lectura) y responder a un cuestionario de contexto (personal, familiar). Tenían descansos entre las pruebas. 

Este director leyó el documento con el resumen de las instrucciones que recibió por mail el mismo día de la reunión informativa de Vía Augusta por la tarde. En los criterios exponía que podían excluir a aquellos chicos que presentaban una discapacidad cognitiva, conductual o emocional “según la opinión del personal cualificado” y que, en todo caso, “no podían seguir las instrucciones generales para la prueba”. ¿A qué se referían con “personal cualificado”? ¿Qué significado le daban a “no poder seguir las instrucciones de la prueba”?, reflexionó.

Así que excluyó a once estudiantes en total. Unos diez con diagnóstico de dificultades cognitivas, de aprendizaje, de conducta o que no tenían competencias lectoras suficientes quedaron fuera. 

En los alumnos inmigrantes, la instrucción era muy clara: no dominar la lengua y haber llegado hace menos de un año. Solo había uno.

El segundo director consultado se quedó con la directriz de que tenían que participar “todos los alumnos nacidos en el año 2009” a excepción de casos “extremos”. 

Excluyó a dos estudiantes. “No dudé con un chico que había llegado hace un mes sin hablar ninguna lengua europea. Pero otro alumno, el segundo, me generó dudas. Era un chico con autismo, incapaz de estar sentado una hora de clase seguida. Así que llamé a la empresa organizadora para estar seguro de que podía excluirlo y me indicó que sí”. El resto, algunos con diagnósticos, entraron. Su centro, explica, no entraña las dificultades de otros, con más  alumnado con necesidades especiales.

“Entendía que la directriz era todos dentro, menos los más extremos”

Los centros rellenaron el excel con todos los alumnos nacidos en 2009 y sus características y la enviaron el 19 de marzo a la empresa organizadora que seleccionó la muestra. Había institutos con más de 100 alumnos y otros con muchos menos. La empresa elaboró el listado y a cada centro le adjudicó 53 alumnos. La selección es aleatoria y se realiza sobre la muestra inicial. Por tanto, entran todos, incluidos y excluidos.  

El ministerio y el Consell recibieron el listado final. La empresa advirtió de la alta tasa de exclusión, pero la información se quedó, según el ministerio, en “un nivel técnico” sin capacidad de decidir. Nadie validó las excepcionalidades antes de que los alumnos entraran en el examen. Ese es el periodo en el que se analiza si verdaderamente los alumnos están incapacitados para hacer las pruebas. Y se  introducen correcciones en la muestra.

Los exámenes se celebraron entre el 31 de marzo y el 16 de mayo. En total, se excluyeron a 591 alumnos de 2.545, la gran mayoría por discapacidad cognitiva, emocional o conductual.

La reunión informativa a la que asistieron estos directores fue convocada por la entonces secretaria ejecutiva del Consell Superior d’Avaluació, Mar Alonso. En esos momentos, la presidencia del Consell estaba descabezada. El último presidente fue destituido por la consellera de ERC Anna Simó en enero de 2024, precisamente por decir que los malos resultados de PISA 2022 se debían a un error de la muestra que había sobrerrepresentado a los alumnos inmigrantes.

Meses después de ese cese, en septiembre de 2024, Esther Niubó toma las riendas de la conselleria y lo primero que decide es crear una Agència d’Avaluació i Prospectiva con profesionales a su cargo y metodología ajustada a los estándares internacionales. Aprueba el decreto, con el boceto que diseñó r Simó, y la Agència se pone en marcha en tiempos meteóricos en términos políticos,  en julio de 2025, diez meses después. 

Esas fechas son importantes porque hasta entonces, el Consell está sin presidente. Asume la responsabilidad la directora de Currículum Mercè Andreu que depende de la Secretaría de Mejoras Educativas, liderada por Josefa Beltrán. En ese periodo ambas tienen que lidiar con la crisis del currículum con la obligada fusión de las ciencias en bachillerato que generó una fuerte protesta entre el profesorado. 

La Generalitat fue advertida del dislate de PISA por el ministerio, a su vez, alertado por la OCDE el pasado mes de marzo. De inmediato,  abrió unas diligencias informativas que aún no ha cerrado y de las que la ciudadanía no ha sabido nada hasta la semana pasada. La oposición ha criticado la falta de transparencia por parte de la conselleria y la lentitud en las diligencias. 

Parte de la dificultad en la investigación está, al parecer, en recabar información de ese periodo de transición que va del Consell a la Agència, con la pérdida de documentos y correos, así como la salida del departamento de Mercè Andreu y Josefa Beltrán (octubre de 2025) y Mar Alonso (abril de 2026).