La Fiscalía Anticorrupción ha entrado a escena en el caso de la antigua Direcció General d’Atenció a la Infància i l’Adolescència (conocida como Dgaia, hoy rebautizada como Dgppia). Según ha podido saber La Vanguardia, este órgano especializado del Ministerio Fiscal será quien determine, en primera instancia, si se cometió algún incumplimiento en el pago de las ayudas a jóvenes extutelados por parte de la Generalitat.
A raíz de varias denuncias remitidas a la Oficina Antifrau de Catalunya (OAC), todas circunscritas a la demarcación de Girona, este organismo estaba llevando a cabo dos investigaciones en paralelo. Por una parte, pretendía esclarecer si se había dado alguna deficiencia en los pagos a jóvenes extutelados por parte de la Generalitat. Por otra, investigaba si efectivamente habían existido las llamadas plazas fantasma, es decir, jóvenes extutelados que ya no vivían en los pisos gestionados por la Dgaia, pero seguían dados de alta, sin que la situación se regularizara y con la entidad gestora -la UTE Mercè Fontanilles-Fundació Resilis- recibiendo subvenciones por alojarlos.
Pues bien, según fuentes conocedoras del caso, la primera de las dos investigaciones ya ha finalizado y sus conclusiones han sido remitidas -concretamente la semana pasada- a la Fiscalía Anticorrupción, que en el mes de marzo se interesó por el caso contactando con la OAC. La segunda, la de las posibles plazas fantasma, todavía continúa abierta y aún podrían pasar unos meses hasta su conclusión.
Así, ahora tendrá que ser la Fiscalía quien determine si las posibles deficiencias halladas por Antifrau en la primera de las dos investigaciones pueden derivarse en incumplimientos de las obligaciones contractuales.
De no haber intercedido la Fiscalía, la OAC, acabada la primera investigación, la habría remitido al Departament de Drets Socials para que determinara si existían o no incumplimientos contractuales.
Esta irrupción de la Fiscalía en el caso de la Dgaia llega una semana después de que la comisión parlamentaria que analizó las polémicas en las que ha estado (y está) envuelta la Dgaia publicara sus conclusiones, que se limitaron a señalar, entre otros, que el sistema de protección a la infancia se encuentra “desbordado” porque ha tenido que funcionar “desde la lógica de la emergencia” o que la “presión sostenida” sobre el sistema se ha convertido en “estructural”.
Ni una palabra respecto al presunto fraude de la UTE Mercè Fontanilles-Fundació Resilis, entidad privada que se encargaba del servicio de seguimiento y valoración de la prestación económica para jóvenes extutelados, y que fue denunciado por uno de sus trabajadores, hoy todavía testigo protegido de la OAC.
Sobre los pagos a extutelados, la Sindicatura de Comptes elaboró en su día un demoledor informe relacionado con la actuación del Departament de Drets Socials de la Generalitat entre los años 2016 y 2024. En él se detallaba que pagó indebidamente 4,7 millones de euros a jóvenes extutelados entre septiembre del 2019 y diciembre del 2022. Aunque los beneficiarios no tenían derecho a las prestaciones, las entidades concertadas que debían controlar los pagos no lo hicieron.
En el marco de la colaboración entre Antifrau y Fiscalía, tendrá que ser esta última también quien analice, cuando concluya, las conclusiones de la segunda investigación que todavía esta abierta por parte de Antifrau y que versa sobre a la posible existencia de plazas fantasma.
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Buen análisis, ayuda a entender el contexto de la noticia.
Se agradece el rigor y las fuentes contrastadas.
Excelente trabajo de la redacción, como siempre.