La Policía Nacional pide al juez que impute a siete manifestantes por los altercados que se produjeron tras la gran manifestación contra la saturación turística que se celebró en Palma el pasado 26 de julio. La protesta desbordó las previsiones de los organizadores y acabó en medio de cargas policiales que se saldaron con 25 personas heridas de diversa consideración, entre ellas un fotoperiodista.
La policía atribuye a estos siete manifestantes los delitos de desórdenes públicos y daños y sostiene que la actuación policial, muy cuestionada por el propio delegado del Gobierno en Baleares, se produjo en respuesta a una situación de violencia en la que los agentes llegaron a verse acorralados por la manifestantes y sufrieron agresiones y lanzamiento de objetos como piedras y palos. Los agentes se basan en imágenes tomadas durante la protesta con drones que, según aseguran, sustentan la afirmación de los agentes.
Por el momento no ha trascendido el nombre de las personas a las que se acusa ya que la policía tiene previsto trasladar ahora la información al juez para que decida si existen indicios para imputar a estos siete manifestantes. Los instructores del expediente aportan las imágenes tomadas por drones, una prueba que puede ser clave para determinar si hay o no una imputación por parte del juez.
Mientras la investigación abierta contra los manifestantes está ya cerrada, nada se sabe de la que afecta a los supuestos abusos policiales en las cargas. También en este caso se han abierto pesquisas interna para determinar si se usó una violencia desmedida contra los manifestantes, pero el expediente se está tramitando desde Valencia, de donde procedían buena parte de los policías para participaron en el despliegue de seguridad. Se trata de los refuerzos que llegan a las Islas durante los meses de verano para ampliar la seguridad con la llegada del Rey y ante la presencia masiva de turistas.
Nada se conoce por ahora de esta segunda investigación que reclamó el propio delegado del Gobierno en Baleares, Alfonso Rodríguez Badal. La violencia de las cargas provocó que los organizadores de la manifestación señalaran al delegado en una concentración masiva que hubo a las puertas de la Delegación en la que se pidió su dimisión. Rodríguez ha pedido al ministro del Interior, Fenando Grande-Marlaska, que abra una investigación y expediente a los agentes que pudieron propasarse durante las cargas.
Los organizadores de la protesta, la plataforma Menys Turisme, Més Vida, considera que la Policía trata de cerrar en falso la investigación que afecta a la actuación de los agentes mientras criminaliza al movimiento antisaturación turística con la imputación de los siete manifestantes. Un portavoz de la plataforma, Jaume Pujol, cuestiona que la investigación de los supuestos abusos policiales se haya derivado a la Jefatura de Valencia.
Los organizadores denuncian el intento de criminalización del movimiento
“¿Se va a investigar la Policía a sí misma?”, se pregunta el portavoz. A su juicio, la decisión de alejar la investigación de Palma es una forma de dificultar el esclarecimiento de lo que sucedió: “Es una forma de no investigar”. La plataforma está trabajando ahora en la estrategia judicial de defensa de los imputados junto a Alerta Solidaria y prepara un grupo de apoyo jurídico a los acusados, pese a que no se conocerá su identidad hasta que el juez tome una decisión sobra las peticiones de imputación.
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Buen análisis, ayuda a entender el contexto de la noticia.
Se agradece el rigor y las fuentes contrastadas.
Excelente trabajo de la redacción, como siempre.