Meta trata de desentenderse de los filtradores de contenido despedidos que la han llevado a juicio

Visto para sentencia. A las 15.19 horas de esta tarde ha quedado liquidado el juicio por la demanda que una parte de los trabajadores que moderaban contenido para Meta en Barcelona presentaron contra el despido de la práctica totalidad de la plantilla, 2.062 rabajadores sobre un total de 2.114.

La multinacional norteamericana contrató en 2018 los servicios de la compañía del sector de los call center CCC, que posteriormente fue absorbida por el grupo canadiense Telus. De ahí que los denunciados fueran estas compañías y algunas de sus mismos grupos, además de la filial en Europa del gigante tecnológico de Mark Zuckerberg.

Una parte de los trabajadores, representados por el sindicato Fuerza Independiente y Sindical de Trabajador@s (FIST), consideran irregular el expediente de regulación de empleo que se anunció el 3 de abril de 2025 y que supuso el cierre inmediato de las oficinas en la torre Glòries de Barcelona.

Aquel mismo día, los empleados fueron enviados a casa con un permiso retribuido. La demanda pide la nulidad del despido y la readmisión de todos los trabajadores. Las indemnizaciones estimadas alcanzarían los 90 millones de euros.

Los representantes de la media docena de compañías implicadas han basado su defensa en que el acuerdo para el cierre fue firmado por un porcentaje superior al 90% de los trabajadores, aunque la votación no fuese secreta, sino a través de un mecanismo digital, según ha denunciado el secretario del sindicato denunciante, Miguel Ángel Bach; este extremo no ha sido mencionado en la vista oral. 

Los demandados son las diversas compañías y directivos implicados en el cierre y traslado del servicio: Meta Platforms Ireland Inc; Telus International; el director ejecutivo de esta, Roger Clancy, que también lo era de CCC Barcelona; CCC Barcelona Digital Services, SLU; CCC Erste Beteiligungs GMBH y CCC Holding GMBH.

Los denunciantes estiman que el cierre de la empresa fue una represalia y una venganza por la avalancha de procesos judiciales que trabajadores de la torre Glòries habían presentado contra la empresa.

Pocos días antes que la empresa anunciase el expediente de regulación de empleo, un juez de Barcelona había dado la razón a los trabajadores en una demanda por discriminación salarial: los moderadores que trabajaban en idiomas como el castellano, el catalán, el italiano o el portugués cobraban ostensiblemente menos que los de idiomas nórdicos. Según los demandantes, la empresa cerró para evitar hacer frente a la equiparación salarial a la que le obligaba la justicia.

“¿Pueden las transnacionales seguir jugando con los ordenamientos jurídicos para poner la producción donde quieran y aprovecharse de los derechos laborales?

Para el abogado de los trabajadores, Enrique Leiva, este juicio debe dilucidar “si la persona que ejercía de empleador y que estuvo negociando era la correcta, si realmente CCC Barcelona tenía posibilidad de negociar o si era sólo un títere que estaba usando CCC International, a su vez controlada por Telus International, que era la titular de todas las participaciones de redes internacionales, y por fin, si todo este entramado lo controlaba Meta”.

“¿Pueden las transnacionales -añadió, en declaraciones a los periodistas- seguir jugando con los ordenamientos jurídicos de cada uno de los estados para poner la producción donde quieran y poder de esta forma poder aprovecharse de los derechos laborales? ¿Pueden los tribunales ya de una vez de cualquier ordenamiento de la Unión Europea poner fin a este sistema y establecer que existen grupos de empresas que trascienden las fronteras para poder defraudar los derechos de los trabajadores? Pues esta es una de las cosas que deben resolverse aquí”.

El trabajo que se hacía en Barcelona se traspasó a los centros de moderación que Telus tiene en Riga (Letonia) y Essen (Alemania).

Las oficinas barcelonesas de Meta tenían otro importante frente judicial abierto, derivado de la epidemia de enfermedades mentales, que este periódico destapó en octubre de 2023. Alrededor de 400 personas padecían secuelas, en algunos casos gravísimas, por la extrema dureza de los contenidos que debían eliminar antes de que llegasen al gran público. Muchos de estos casos están judicializados, y otros pendientes de querella.

Los trabajadores defienden que la liquidación de la oficina ubicada en la torre Glòries constituyó una medida ilegal, destinada únicamente a desplazar la producción a otros países europeos y “eludir la litigiosidad existente” en el centro de Barcelona. 

Las empresas demandadas han negado tajantemente este extremo y han asegurado que la única causa, “real y válida”, del ERE fue la decisión de Meta de finalizar el contrato de prestación de servicios en Barcelona. “No hay causa económica”, ha declarado la abogada de Telus International, “la causa es organizativa y productiva”.  

Ante el juez, las empresas demandadas (representadas todas por abogadas del despacho Baker McKenzie, de Madrid y Barcelona) han argumentado que el sindicato FIST no tiene legitimidad para impugnar el ERE al carecer de suficiente implantación entre la plantilla de la torre Glòries.

El sindicato no contaba con ningún miembro en el comité de empresa ni se había presentado nunca a las elecciones, aunque su número de afiliados se disparó tras el despido masivo. 

Los abogados defensores subrayaron que el acuerdo para aprobar el ERE fue negociado con el comité de empresa, que estaba controlado por los sindicatos UGT y CC.OO., y que se ofrecieron indemnizaciones superiores al mínimo estipulado por ley así como planes de recolocación. El acuerdo fue aprobado por casi un 96% de los trabajadores que votaron, con una participación del 80% de la plantilla, en un proceso que al contrario de FISt califican de intachable. 

FIST intentó infructuosamente revocar el comité de empresa y en su demanda acusa a la empresa de haber puesto trabas para que se celebrara una asamblea antes de la votación. 

Fuentes de los trabajadores explican que ya antes del despido colectivo existían más de 1.200 reclamaciones pendientes, tanto por la discriminación salarial que la compañía aplicaba en función de la lengua de trabajo como por las decenas de demandas y querellas presentadas por los daños en la salud mental ocasionados por la moderación de contenidos. Estos litigios consideran vulnerados los derechos en materia de prevención de riesgos laborales y salud mental.

Una de las abogadas de las empresas demandadas rebaja hasta apenas 53 las demandas aún vivas por desigualdad salarial.

Los demandantes estiman que el juicio puede marcar un antes y un después sobre la responsabilidad de las empresas que contratan a personas para que actúen de filtradores de contenidos durísimos: terrorismo, pedofilia, venganzas entre narcotraficantes, abusos sexuales contra menores o bullying.