Los abogados piden acabar con las mediaciones obligatorias en divorcios: “Se están vulnerando los derechos de los menores”

La Asociación Española de Abogados de Familia (Aeafa) insta a todos los grupos parlamentarios del Congreso a que “dejen atrás las rivalidades y piensen en los niños” y respalden este martes la proposición de ley del PNV. La iniciativa plantea eliminar, en determinados procedimientos de familia, la obligación de acudir previamente a un Medio Adecuado de Solución de Controversias (MASC) cuando estén en juego los derechos de menores. La asociación sostiene que esta exigencia está provocando “grandes retrasos de hasta un año y medio”.

El problema de los MASC, según explica Lola López-Muelas Vicente, presidenta de la Aeafa, está en los plazos. “Mientras dura el procedimiento, no podemos presentar la demanda, y eso puede alargar el proceso cuatro o cinco meses. Después hay que acreditar que se ha intentado negociar sin éxito, presentar la demanda y esperar a que el juzgado la admita. A todo ello se suma el retraso que ya existe en los propios juzgados”. 

La demora actual pone en riesgo los derechos de los menores

Durante ese tiempo, advierte, se quedan sin resolver cuestiones urgentes como la custodia de los hijos, la pensión alimenticia o decisiones sobre tratamientos médicos o psicológicos de los menores o incluso la pérdida de una plaza escolar. “¿Dónde nos lleva eso cuando hablamos de un niño que necesita una pensión o una terapia? Se están vulnerando los derechos fundamentales de los menores. Los abogados estamos desesperados”, asegura a La Vanguardia López-Muelas.

Los MASC son mecanismos como la mediación o la negociación que buscan que las partes resuelvan un conflicto sin tener que llegar a juicio. Desde el 3 de abril de 2025, la ley establece que las partes deben intentar previamente uno de estos mecanismos antes de acudir a los tribunales en determinados asuntos civiles. Cuando hay menores, actualmente es obligatorio pasar por un MASC, salvo en situaciones de extrema urgencia o riesgo.

En esos casos se pueden solicitar medidas urgentes a través del artículo 158 del Código Civil. López-Muelas critica que muchos juzgados no consideran que determinadas situaciones supongan un riesgo. Por ejemplo, si uno de los progenitores abandona el domicilio y el otro no tiene ingresos suficientes para mantener a los hijos, “no podemos presentar directamente una demanda para reclamar alimentos, ya que debemos iniciar primero un MASC. ¿No es una situación de riesgo que unos niños no puedan recibir alimentos?”, se pregunta.

Antes de la ley 1/2025 de medidas en materia de eficiencia en el Servicio Público de Justicia, los abogados de familia iniciaban una negociación y, a su vez, presentaban la demanda para defender los derechos de su cliente. Aproximadamente, en el 80% de los casos, asegura la abogada, se alcanzaba un acuerdo. Si finalmente no había acuerdo y el juez dictaba una resolución, las medidas solicitadas se reconocían desde la fecha en que se había presentado la demanda.

Si no agilizamos los procedimientos, no hay justicia y la justicia se la toman por su cuenta

López-Muelas advierte también de que la demora en estos procedimientos puede agravar los conflictos relacionados con el traslado o la custodia de menores. “Si uno de los progenitores tiene que trasladarse a otro país por motivos laborales o familiares, no puede esperar meses. Si no agilizamos los procedimientos, no hay justicia y la justicia se la toman por su cuenta: ‘Me voy con los niños y después ya litigaremos’”, expone la abogada, quien se encuentra con este tipo de situaciones.

La presidenta de la Aeafa señala otro problema en los casos internacionales. “Si el otro progenitor vive en un país donde no se exige un MASC y nosotros tenemos que iniciar este procedimiento para poder demandar en España, esa persona puede adelantarse y presentar la demanda en su país”. Esta exigencia implica la pérdida automática de la competencia de los tribunales españoles en favor de terceros países.

Se está trasladando al ciudadano la responsabilidad del Estado de dotar de los medios suficientes a la Justicia

Desde la Aeafa explican que la obligatoriedad de los MASC se planteó como una forma de “hacer frente al colapso de los juzgados”, cuyos procesos de familia pueden llegar a durar tres, cuatro o cinco años. “En lugar de dotar a la Justicia de más medios –más jueces, juzgados, funcionarios y equipos psicosociales–, lo que se ha hecho es dilatar el acceso de los ciudadanos a los tribunales”.

Además, los MASC tienen un coste. Una sesión con un mediador puede rondar los 150 euros. “Se está trasladando al ciudadano la responsabilidad del Estado de dotar de los medios suficientes a la Justicia”, resume López-Muelas.

Por eso, los abogados de familia piden que, cuando haya menores implicados, no se imponga la obligación de pasar por un MASC con la dilatación que conlleva. “Queremos modificar un articulado de la ley. No toda la ley. Tal y como está planteada, se están perjudicando los intereses de los niños, niñas y adolescentes de nuestro país”.

Los cambios que propone el PNV y que cuentan con el apoyo de la abogacía de Familia de todo el país afectan a la ley orgánica 1/2025, concretamente al apartado 3 de su artículo 5, que establece en qué casos no es necesario acudir previamente a un MASC antes de presentar una demanda. La iniciativa no pretende eliminar estos mecanismos, sino flexibilizar su aplicación en determinados procedimientos de familia en los que puedan causar perjuicios. La proposición fue presentada en diciembre de 2025 y admitida a trámite este enero. Ahora, el Pleno debate si permite que continúe su tramitación parlamentaria.