Casi el 70% de los españoles cree que el acceso a la vivienda está garantizado solo para algunos

En plena tormenta tras la polémica desatada por el caso de Maricarmen Abascal, la anciana de 87 años desahuciada hace una semana de la vivienda en la que residía desde 1956 (a la que finalmente podrá volver gracias a un acuerdo con Urbagestión), el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) acaba de publicar el estudio Actitudes hacia el estado de bienestar (III), en el que se pregunta a los españoles sobre la cuestión de la vivienda. Y España ha habado: un 68,4% de los ciudadanos cree que el acceso a la vivienda digna y adecuada está garantizado solo para algunos, mientras un 18,2% va más allá y sostiene que para nadie.

El informe revela otros detalles, tales como que un 65,9% de los encuestados vaticina que el acceso a la primera vivienda empeorará en el futuro (solo un 14,3% estima que mejorará y un 17,2% que seguirá igual). 

Este pronóstico pesimista se extiende a otros derechos sociales como la sanidad - hasta un 51,1% cree que la atención sanitaria empeorará (un 21,9% estima que mejorará)- y las pensiones -un 57,5% piensa que se deteriorará el sistema público de pensiones-.

La protección frente al desempleo (46,2%), la educación pública (44,7%) y el cuidado a las personas mayores (43,8) también tienen un futuro desalentador para casi la mitad de los encuestados.

Más allá de la vivienda, hay otros derechos sobre los que los españoles creen que solo están garantizados para algunos. Entre estos, vivir en un medioambiente adecuado (60,3%) o la inclusión social y la plena autonomía de las personas con discapacidad (53,6%).

En términos generales, los españoles se muestran poco entusiasmados con el funcionamiento de los servicios públicos. De los diez que aparecen valorados en el informe, solo 5 aprueban, sumando las valoraciones “muy satisfactoriamente” y “bastante”. Y por los pelos. Son la enseñanza (54%); la asistencia sanitaria (50,6%); la gestión de las pensiones (51,1%); la seguridad ciudadana (50,9%); y el transporte público, que obtiene la mejor valoración (56,2%).

Los cinco restantes suspenden. ¿Las peores valoraciones? Todavía con el verano muy presente, la prevención y extinción de incendios forestales, que englobando la valoración de “poco satisfactoria” y “nada satisfactoria” alcanza el 71,7%, y la administración de justicia, que asciende al 69,4%. Tras ella vienen las ayudas a las personas dependientes (61,8%), las obras públicas (57,8%) y los servicios sociales (52,4%).

Respecto a la justicia, el estudio señala otro dato que muestra el malestar con el estamento: el 70,7% de los encuestados presume que a la hora de aplicar las leyes se hacen diferencias según de quién se trate.

Más gasto en sanidad y educación

También muestran su desconfianza respecto a los impuestos: un 68,9% no cree que pague más quien más tiene. Y no solo eso: un 58,7% estima que la sociedad se beneficia, en forma de servicios públicos y prestaciones sociales, entre poco (47%) y nada (11,7%)  de lo que pagan en impuestos y cotizaciones a las administraciones, y un 60,9% considera que estas últimas le devuelven, en forma de servicios, menos de lo que paga.

En este sentido, los encuestados entienden que las administraciones deberían gastar más especialmente en sanidad (94,6%, sumando las categorías “mucho más” y “más”), educación (92,6%) y prevención y extinción de incendios forestales (92,1%). 

La encuesta se realizó del 10 al 17 de septiembre mediante 6.040 entrevistas a población residente en España de ambos sexos de 18 años y más.