La Compañía de Jesús ha informado este lunes de la expulsión del estado clerical y de la propia orden de Francesc Josep Peris Boixeda, de 84 años, tras consideras probados los abusos sexuales que cometió contra menores en Catalunya y Bolivia entre la década de 1970 y 2005.
La decisión ha sido adoptada por el superior general de la Compañía de Jesús, Arturo Sosa SJ. En un comunicado, el proceso penal canónico ha declarado a Peris culpable de “varios delitos” de abuso sexual contra menores cometidos, al menos, desde los años setenta. El comunicado confirma así que recae sobre el sacerdote “la pena más grave” que contempla el Derecho Canónico para estos delitos, la expulsión del estado clerical, algo que es competencia del Dicasterio para la Doctrina de la Fe de la Santa Sede, por lo que no podrá ejercer el sacerdocio.
El proceso de investigación se inició en 2023
El procedimiento tiene su origen en las denuncias públicas de las víctimas en varios medios de comunicación, lo cual hizo que la Compañía de Jesús pusiera en marcha un proceso canónico de investigación en 2023. Después de enviar toda la documentación central a la sede de los jesuitas, el Dicasterio para la Doctrina de la Fe autorizó, a finales de ese mismo año, iniciar un segundo proceso para investigar los hechos con mayor detalle.
Aunque el comunicado no especifica cuántas son las posibles víctimas, los jesuitas contabilizaron en julio de 2024 un total de 24 denuncias contra Francesc Peris por presuntos abusos sexuales a menores, en el marco de un informe que documentó 145 denuncias de abusos cometidos desde 1948 por 29 religiosos y 15 laicos.
De hecho, Peris reconoció haber abusado de menores catalanes y bolivianos en el marco de la investigación interna abierta por la compañía, que ya han prescrito. A principios de este año, la Fiscalía ya informó que el sacerdote no podía ser juzgado por ninguno de los hechos atribuidos a lo largo de casi cinco décadas porque, cuando las víctimas presentaron las denuncias, los delitos ya habían prescrito.
La legislación española ha ampliado en los últimos años los plazos de prescripción de los delitos sexuales cometidos contra menores. Para determinados delitos graves, el plazo comienza a contar cuando la víctima alcanza los 35 años. Al mismo tiempo, el Congreso estudia una reforma para que estos delitos dejen de prescribir, aunque esta modificación todavía no está vigente.
Peris vivirá en una residencia jesuita bajo una “supervivisión constante”
La compañía ha lamentado “profundamente” el mal causado y ha asumido “su responsabilidad moral e institucional por sus errores en el pasado”. Al mismo tiempo, ha mostrado su reconocimiento a las víctimas por haber tenido “la valentía y el coraje” de denunciar los abusos sufridos.
Paralelamente, “reconoce y condena los errores graves” que cometió y ha admitido que estos procesos no reparan por sí mismos los daños causados ni ponen fin a su responsabilidad moral e institucional. Por ello, “mantiene su compromiso de atención integral a las víctimas, que incluye escucha, acompañamiento y reparación” y se presta a colaborar con la investigación ante nuevas informaciones que puedan surgir y asegura que continuará “reforzando sus procedimientos de prevención”.
Por otro lado, los jesuitas han informado que han llegado a un acuerdo con Peris para que viva en una residencia jesuita donde “esté sometido a seguimiento y supervisión constante” y bajo una serie de normas: “No tener ningún tipo de contacto con menores o adultos en situación de vulnerabilidad, no salir o ausentarse de la casa sin permiso expreso, no ponerse en contacto con ninguna víctima, no recibir visitas sin permiso expreso...”.
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Buen análisis, ayuda a entender el contexto de la noticia.
Se agradece el rigor y las fuentes contrastadas.
Excelente trabajo de la redacción, como siempre.