La Audiencia de Barcelona ha absuelto a la exconsellera de Salut, Alba Vergés; al exdirector general Josep Maria Argimon, y a la cúpula del departamento por el retraso en la vacunación de los policías nacionales y los guardias civiles durante la pandemia del covid. La sentencia dictada por la Sección Sexta avala la actuación de los acusados y argumenta que la reorganización adoptada el 24 de marzo de 2021 - la paralización de la vacunación de los agentes de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado en Catalunya - obedeció a razones de salud pública para priorizar a la población de entre 60 y 65 años, con mayor riesgo de mortalidad, afectando a todo el grupo 6 de trabajadores esenciales pendientes de vacunación.
El tribunal señala que la vacunación no se dirigió “de forma exclusiva ni selectiva contra la Policía Nacional y la Guardia Civil” sino que afectó a la totalidad de los trabajadores esenciales del Grupo 6 (menores de 60 años) pendientes de inmunizar, incluidos los agentes de los Mossos d’Esquadra.
La vacunación “no se dirigió en contra de la Policía Nacional ni la Guardia Civil”, destaca la sentencia
La Fiscalía retiró en el último momento su acusación por prevaricación contra los procesados, mientras que los sindicatos y asociaciones policiales solicitaron entre 12 y 15 años de inhabilitación. Los sindicatos JUPOL, SPP y JUCIL denunciaron que la Generalitat había discriminado a los agentes de la Policía Nacional y de la Guardia Civil destinados en Catalunya después de que la vacunación, prevista para el 25 de marzo de 2021, se paralizara el día anterior.
Recuerda el tribunal que “la disparidad en los porcentajes de vacunación anteriores al 24 de marzo no obedeció a un plan discriminatorio de Salut, sino a la complejidad de implementar el sistema de vacunación ad hoc solicitado por los propios cuerpos estatales”, a la falta de un registro unificado inicial - los policías mostraron sus reticencias a entregar un censo con la identidad de los agentes - y a la paralización general previa de AstraZeneca por sospechas de efectos secundarios.
El tribunal ha condenado a JUPOL y JUCIL al pago de las costas procesales de la defensa de Francesc Xavier Rodríguez al apreciar temeridad, puesto que mantuvieron la acusación contra un cargo coordinador que carecía de funciones decisorias “aun cuando la Fiscalía y el resto de partes ya se habían retirado”.
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Buen análisis, ayuda a entender el contexto de la noticia.
Se agradece el rigor y las fuentes contrastadas.
Excelente trabajo de la redacción, como siempre.