Tres semanas después del devastador terremoto que sacudió el norte de Venezuela, la emergencia humanitaria sigue lejos de resolverse. Gabriel Andrés Molina, presidente de la Federación de Estudiantes de Derecho de Venezuela, advierte de que la población afectada atraviesa “un punto de inflexión” marcado por la disminución de las ayudas y por una crisis humanitaria que, recuerda, “no comenzó con el terremoto, sino que es consecuencia de una crisis política prolongada”. Aunque muchas familias intentan rehacer sus vidas, miles de personas continúan sin haber superado la pérdida de sus hogares y de sus medios de vida.
La situación de los damnificados sigue siendo especialmente precaria. Según explica Molina, quienes no han podido refugiarse en casa de familiares sobreviven en campamentos improvisados instalados fuera de las zonas de riesgo, sin una infraestructura adecuada. “La organización ha recaído prácticamente en la sociedad civil y en organizaciones internacionales, algunas incluso de carácter religioso”, señala. Las recientes lluvias, añade, han agravado aún más las condiciones de estos asentamientos, donde muchas familias han vuelto a perder las pocas pertenencias que habían logrado rescatar.
Especial preocupación genera la situación de los menores afectados por la catástrofe. Molina explica que distintas organizaciones impulsan la campaña “Reencuentro Seguro”, con la que ya han reunido más de un millar de apoyos para reclamar a la Cruz Roja, UNICEF y al Estado venezolano la creación de un protocolo específico que facilite la reunificación familiar. “Muchos niños no tienen acceso a agua y no existe un procedimiento que garantice un reencuentro seguro con sus familiares”, denuncia. Además del impacto material, subraya que las secuelas psicológicas derivadas del desastre “pueden prolongarse durante años” y requieren una atención específica.
La tragedia también ha alterado el escenario político venezolano. El gobierno interino encabezado por Delcy Rodríguez ha prolongado su mandato más allá del plazo inicialmente previsto debido a la emergencia, una situación que, para Molina, exige una pronta respuesta institucional. “Venezuela necesita una respuesta política además de la reconstrucción”, afirma. Aunque observa con cautela los primeros contactos entre representantes del oficialismo y de la oposición, considera imprescindible fijar un calendario electoral y renovar el Consejo Nacional Electoral para garantizar un proceso “más imparcial” y con plena confianza ciudadana.
En este contexto, el dirigente estudiantil defiende que María Corina Machado debe poder participar en la futura vida política del país. Recuerda que fue la vencedora de las primarias opositoras y sostiene que “no debe haber ningún impedimento para que regrese al país”. A su juicio, Venezuela debe abandonar la idea de que pensar diferente pueda convertirse en un delito y avanzar hacia un escenario en el que todas las fuerzas políticas puedan competir en igualdad de condiciones. “Estamos en un momento en el que debemos buscar consensos entre todos”, concluye, convencido de que solo una solución política permitirá acompañar la reconstrucción material del país.

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Buen análisis, ayuda a entender el contexto de la noticia.
Se agradece el rigor y las fuentes contrastadas.
Excelente trabajo de la redacción, como siempre.