“El caso Plus Ultra se complica para Zapatero, pero sigue faltando la pieza clave”

Las nuevas declaraciones en el caso Plus Ultra han abierto un nuevo escenario judicial para el expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero. Así lo considera el director adjunto de La Vanguardia, Manel Pérez, quien sostiene que la estrategia adoptada por Julio Martínez Martínez y el presidente de la aerolínea, Julio Martínez Solá, recuerda a la denominada “doctrina Aldama”. Ambos han señalado ahora a Zapatero como la persona que lideró las gestiones para lograr el rescate público de 53 millones de euros concedido a Plus Ultra durante la pandemia. “Podríamos estar ante una reacción para acogerse a esta doctrina Aldama”, afirmó Pérez, al considerar que buscan “reducir al máximo las posibles consecuencias penales” para ellos.

El periodista destacó que el principal efecto de este giro procesal es que “se le complica mucho el escenario judicial a Rodríguez Zapatero”, ya que dos investigados sostienen ahora una versión diametralmente opuesta a la ofrecida por el expresidente ante el juez. Sin embargo, Pérez introdujo una importante matización: aunque ambos testimonios atribuyen a Zapatero un papel protagonista en la obtención del préstamo, “siguen sin señalar ni cómo, ni con quién, ni de qué manera se produjo esa intervención”. A su juicio, esa sigue siendo la gran incógnita de la investigación.

Para el director adjunto de La Vanguardia, ese extremo resulta determinante porque el presunto delito de tráfico de influencias exige acreditar de qué forma se habría ejercido esa capacidad de influencia sobre la Administración. “Aquí estamos hablando fundamentalmente de un delito de tráfico de influencias”, recordó, aunque precisó que, incluso sin llegar a demostrarse una gestión concreta, el simple ofrecimiento para intervenir también podría tener relevancia penal. En cualquier caso, insistió en que la causa necesita esclarecer cuál habría sido el supuesto contacto dentro de la Administración que permitió la concesión del rescate.

Pérez también analizó la posición del Gobierno, que mantiene su respaldo al expresidente. En su opinión, el Ejecutivo tiene poco margen para actuar de otra manera mientras no aparezcan pruebas concluyentes. “No le queda más remedio que seguir defendiendo la presunción de inocencia de Zapatero”, explicó, ya que admitir como ciertos los testimonios implicaría asumir que algún alto cargo del Gobierno autorizó un préstamo público de más de 50 millones de euros influido por la intervención del expresidente. Aun así, reconoció que “el golpe a la credibilidad del relato de Zapatero también es importante” tras la aparición de dos testimonios que contradicen su versión.

Durante la entrevista, Manel Pérez también advirtió de los efectos que puede tener la denominada “doctrina Aldama” sobre otras investigaciones judiciales. A su juicio, el incentivo para colaborar con la Justicia a cambio de una rebaja de condena puede acabar marcando la estrategia de otros investigados. En ese contexto, sostuvo que el caso Plus Ultra entra ahora en una nueva fase en la que la Audiencia Nacional deberá centrar sus esfuerzos en identificar el supuesto eslabón dentro de la Administración con el que habría contactado Zapatero. “Ese sigue siendo el punto clave”, concluyó.