Manel Pérez: “Será muy difícil evitar que la contaminación política afecte al jurado”

Begoña Gómez afrontará un juicio con jurado popular por los presuntos delitos de tráfico de influencias y malversación de caudales públicos. Manel Pérez, adjunto al director de La Vanguardia, ha explicado en Claves del día que la decisión parte del juez instructor, Juan Carlos Peinado, y ha sido ratificada por la Audiencia Provincial. Los delitos atribuidos a la esposa del presidente del Gobierno permiten, según Pérez, acudir a este procedimiento: “Formalmente se cumple con las condiciones para poder decidir que sea un jurado popular quien tome la decisión”.

El papel de los nueve ciudadanos que integren el jurado estará centrado en determinar la culpabilidad o no culpabilidad de la acusada respecto a los delitos que lleguen finalmente a juicio, mientras que las cuestiones jurídicas y la sentencia corresponderán al magistrado que presida el proceso. Uno de los principales interrogantes será hasta qué punto la enorme exposición pública del caso puede influir en sus integrantes. “Será realmente muy difícil evitar que la contaminación política ambiental afecte a los miembros del jurado”, ha advertido Pérez, quien recuerda que acusación y defensa podrán intervenir en el proceso de selección y recusar candidatos.

Pérez considera especialmente relevante que un procedimiento que califica de complejo termine en manos de un jurado ciudadano. El periodista ha cuestionado diferentes decisiones adoptadas durante la instrucción por Peinado y sostiene que “no es un caso sencillo”, al haberse incorporado durante estos dos años y medio numerosas líneas de investigación. A su juicio, esa complejidad hace particularmente importante observar cómo se plantea el juicio y cómo se trasladan los argumentos de las partes a ciudadanos sin formación jurídica.

La defensa de Gómez ha confiado esta nueva fase a Jaime Campaner, abogado con experiencia en procedimientos ante jurado. Pérez considera “razonable” esta elección después de que la Audiencia Provincial avalara que el procedimiento se encaminase hacia esta modalidad de juicio. Su anterior abogado, Antonio Camacho, “es un buen jurista” y cuenta con una amplia experiencia judicial, ha señalado, pero no está especializado de la misma manera en procesos ante jurados populares. Pérez también ha destacado que las sentencias resultantes pueden recurrirse y que algunas terminan siendo anuladas, lo que puede obligar a repetir el juicio.

El calendario añade además una dimensión política al procedimiento. Pérez señala que las estimaciones sitúan la celebración del juicio en un horizonte de entre seis meses y un año, por lo que podría aproximarse al final previsto de la legislatura. “Va a estar sobrevolando ese posible calendario sin ninguna duda”, ha afirmado. Aunque considera prematuro anticipar el resultado del proceso, sí apunta a una circunstancia que puede resultar políticamente relevante: “Yo creo que al presidente del Gobierno no le gustaría que coincidiera la campaña electoral con las sesiones de la vista del juicio a su esposa”.